Si fueran un paciente, la IPS Unipamplona y el hospital San Juan de Dios de Pamplona ya tendrían un diagnóstico de desahucio por parte de los médicos que los atienden y sus familiares, resignados, estarían alistándose para recibir la fatídica noticia de que abandonaron este mundo.

Lo cierto es que a ambas instituciones asistenciales las afectan los recurrentes males de las millonarias deudas pendientes de pago por parte de las EPS que contratan los servicios de atención a los afiliados y beneficiarios, las cuales al crecer y acumularse terminan poniendo en riesgo la estabilidad de las clínicas y hospitales, y la imposibilidad de cumplir los compromisos con proveedores, profesionales, contratistas y empleados. Estos son los ejemplos más recientes del crónico malestar que golpea a la salud en la región.

Por eso es que en 2018, como año electoral, el servicio de salud para los colombianos en los regímenes contributivo y subsidiado debe ser objeto de debate serio y profundo con la presentación de propuestas para ser impulsadas desde el Congreso y la Presidencia de la República.

Ahí tiene determinarse si el modelo actual debe ser reformado y mejorado para que las IPS se puedan dedicar, al ciento por ciento, en la atención integral adecuada de los pacientes para encontrarles curas a sus enfermedades, sin tenerse que distraer en buscar fórmulas mágicas para atender los males financieros que hoy las agobian.

El Ministerio de Salud, los gremios de profesionales y los sindicatos de trabajadores, al igual que los expertos y la academia tienen en sus manos determinar fórmulas contundentes y, tal vez, en un principio dolorosas, que lleven a alcanzar la equidad y la eficiencia. 

¿Y si un estudio, porque lógicamente hay que evaluar a fondo lo que está pasando, concluyera que el modelo vigente hay que cambiarlo, qué se debe hacer? Ahí vendrá la discusión entre los que señalan que la salud al convertirse en un negocio convirtió a los usuarios y beneficiarios en mercancías, quienes plantean que los recursos de la salud de los colombianos deben mantener un tratamiento similar al vigente y los que insisten en que la prevención tiene que estar a la vanguardia del nuevo régimen que en ese servicio se procure instaurar en el país.

Aquí entran a jugar aspectos como el de incrementar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para la salud, y lo expuesto por quienes señalan que en Colombia debería haber un seguro nacional que cubra a toda la población y un fondo público que pague a los sistemas hospitalarios y asistencial, que sería una de las salidas a la crisis que hoy se registra con la acumulación de deudas de las EPS con las Instituciones de Prestación de Servicios.

En la Colombia del posconflicto se requiere que este vital aspecto de la atención médico-asistencial a los colombianos tenga, por fin, la medicina adecuada, que desactive toda la serie de problemas que hoy se registran: la falta de dinero, no hay contratos, los hospitales y clínicas al borde del cierre, médicos mal pagos, pacientes muriendo en las urgencias colapsadas, utilización de la plata de la salud en ostentosas inversiones, demoras riesgosas en el pago de los dineros por atención, por ejemplo, a ciudadanos extranjeros no cubiertos por las EPS ni ARS, y un largo etcétera de males que el nuevo gobierno colombiano tiene la obligación de recortar.