Setenta años es una edad a la que ahora llegan muchos más colombianos al aumentar las expectativas de vida y todos con una lucidez y capacidad para el desarrollo de actividades de diversa índole, aunque desde el punto de vista pandémico en Colombia fueron obligados al confinamiento por ser considerados población de alto riesgo frente al coronavirus.

En medio de las estrictas medidas de aislamiento preventivo fue a los mayores de 70 a quienes más les cerraron puertas y ventanas en el país para evitar que salgan y se expongan al ataque de la COVID-19.

Todas las tardes, en su programa televisado, se le escucha al presidente Iván Duque afirmar que ellos son la mayor preocupación, y ahora añadió que cerca del 45% de las personas que están llegando a las UCI son mayores de 60 años y un 38% son mayores de 70.

Pero una afirmación que también debe de ser valedera es por qué el Estado colombiano permitió a lo largo de los años el deterioro y desfiguración del servicio de salud, en el cual se impone la intermediación para el manejo e inversión de los recursos, los cuales finalmente o llegan con excesiva lentitud o nunca se ven porque se enredan en el camino y la corrupción los  engulle y la gente, incluso antes de la COVID-19, no la pasaba muy bien con este modelo médico-asistencial.

Nos cayó como una bomba la crisis sanitaria en medio de hospitales asfixiados por deudas que no les han pagado, como por ejemplo el Erasmo Meoz de Cúcuta al que el Gobierno Nacional le tiene pendiente el giro de $62.000 millones por los servicios que le ha prestado a miles de migrantes venezolanos.

Y, además, el sistema no cuenta con la capacidad suficiente de camas de cuidado intensivo, porque las inversiones hacia la salud eran prácticamente  etiquetadas como un gasto y cuando había que ajustar las finanzas estatales, ese era uno de los rubros al que se afectaba, aparte de que las EPS tampoco cumplen a cabalidad los compromisos financieros con las instituciones prestadoras de servicios.

Y claro, frente a esa amenaza y la raquítica estructura de la salud, ese sector específico de la población, que en naciones europeas fue uno de los más impactados por la pandemia, fue llevado a un estricto encierro por motivos loables indudablemente, pero sin advertirse la celeridad necesaria en el fortalecimiento hospitalario para pelear contra el virus, y así lo dejó ver un estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Mientras que el Gobierno Nacional ha insistido en recursos por siete billones para la atención en salud, el análisis señala que “las resoluciones oficiales registran transferencias de apenas $0,96 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud”.

En ese orden de ideas, la ‘Rebelión de las Canas’ ganó una tutela que les permite gozar de un poco más de libertad en esta pandemia, al considerar ellos que “el gobierno no puede discriminar contra un grupo de gente por su edad o por cualquier otro motivo”.

Aunque como lo comentamos antes, la Presidencia de la República, insiste en esta actitud de Estado paternal señalando que “por un fallo no podemos dejar que en nuestro país se disparen las muertes (...) ni mucho menos que colapsen las unidades de cuidado intensivo”, mientras que sigue siendo válida la posición de quienes advierten que no se ha hecho todavía lo suficiente en el campo de atención para garantizarles a los colombianos el debido y eficiente servicio de salud.