Un reciente fallo de la Corte Constitucional en relación con una petición para tutela el derecho fundamental al trabajo, por parte de la dueña de un prostíbulo de Chinácota, podría tener consecuencias no previstas aún por el Estado colombiano.

El fallo determina que las autoridades deben visitar el prostíbulo para tener la seguridad de que allí se respeta la legislación laboral, y prevé que, de haberlas y estar allí de manera ilegal, las prostitutas extranjeras, venezolanas en el caso, debe el Estado garantizarles el saneamiento de su situación migratoria y laboral.

Significa que hay que reconocerles a esas extranjeras sus derechos —y ellas cumplir deberes— en plena igualdad con las colombianas.

La decisión pretende indicar que si un ciudadano extranjero está en el país, es porque el Estado colombiano le permitió ingresar y quedarse, y en esa situación hay que brindarle al visitante las facilidades para alcanzar un estatus legal.

No es nueva la situación. Desde hace unos largos meses, el servicio de salud del departamento ha venido atendiendo a miles de enfermos venezolanos a los que atiende gratis en sus hospitales, como el Erasmo Meoz, al que incluso le anunció un giro de 3.000 millones de pesos para financiar la atención a los venezolanos.

Razones éticas —y quizás políticas— están detrás de esa situación. Éticas, pues es de elemental humanidad atender médicamente a quien necesita un servicio de emergencia, como el de las maternas o los moribundos o las víctimas de varias enfermedades de carácter mortal.

Es, pues, obligatorio atender a esas personas, en una situación que descansa sobre la tesis de que si están acá, es porque el Estado así lo desea, pues les permitió ingresar, incluso sin cumplir con requisitos legales mínimos… Si no, debió exigirles al menos lo básico: pasaporte, visa de turismo para salir del área fronteriza, y dinero para vivir hasta por 90 días en el territorio colombiano.

El asunto parece ser más complejo, pues es fácil, sobre el derecho a la salud, argumentar otros como el derecho al trabajo, a la vivienda y a la educación, amén de todos los que se quiera hacer valer, mediante tutela u otros medios.

Y eso, referido a miles y miles de personas, es realmente un problema…

Todo es consecuencia de la irresponsabilidad oficial de dejar abiertas de par en par las puertas de los sitios de paso —puentes internacionales, por ejemplo— y de no ejercer el más pequeño control en las zonas de paso ilegal, como las trochas.

Por ahora, nada parece oponerse a la llegada de extranjeros que, por demás, están ocupando puestos de trabajo de colombianos y acrecentando el clima de grave inseguridad en las grandes ciudades, Cúcuta entre ellas, y abasteciendo la cadena de la prostitución en todo el país.

Pero es muy probable —ha ocurrido siempre en todos los países receptores de inmigración masiva—, poco a poco se va despertando un espíritu discriminador y xenófobo que, de seguir patrones tradicionales, llega a situaciones de hecho, a la violencia...

Aún se está a tiempo de reaccionar. Es cuestión de censar a los que están y de poner un torno en los puntos de cruce, que así como permiten la entrada a los que cumplen con los requisitos, facilita la salida de los que no cumplen.

La Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que los venezolanos deberán tramitar desde el 1 de mayo, puede ser una herramienta eficaz para controlar su ingreso y evitar su paso al interior del país. Ojalá funcione…