El año pasado, Cúcuta junto con Bogotá, Medellín, Santa Marta, Bucaramanga y Barranquilla, hizo su indecoroso aporte al conteo de personas que cayeron dentro de la pobreza monetaria en Colombia.

Dos reportes que ponen la piel de gallina. Por un lado, el Banco Mundial alertó que la pandemia del coronavirus empujará a la pobreza extrema a entre 88 millones y 115 millones de personas en el planeta. En Colombia, arrastrando viejos problemas de la economía, el año pasado cerró con 17,5 millones de habitantes en condición de pobreza, según el DANE.

Preocupan porque al entrecruzarlos hace evidente que el desempleo y los riesgos de inestabilidad empresarial se acrecentarán en nuestro país, donde Fedesarrollo estimó que otros 2,3 millones de personas ingresarán al rango de pobreza, en 2021.

Y ese lastre lo sigue arrastrando Cúcuta y el área metropolitana con el 45,5 % de indicador de pobreza el año pasado, que fue superior en 4,5 puntos al registrado en 2018, asunto que deja entrever también un panorama desolador, si las tan anunciadas medidas de choque no aparecen de inmediato.

Causa preocupación que ahí seamos terceros, o sea que estamos en el podio con Quibdó y Riohacha, mientras que en el indicador de pobreza extrema igualmente la tendencia de la curva fue ascendente, saltando del 7,6 % al 10 %. 

Pero igualmente es causa de grave inquietud que la capital de Norte de Santander y principal ciudad en la frontera con Venezuela, siempre aparezca figurando en los males que golpean a la economía, como se nota en el hecho de que junto con Bogotá, Medellín, Santa Marta, Bucaramanga y Barranquilla, hizo su indecoroso aporte al conteo de personas que cayeron dentro de la pobreza monetaria.

Del documento denominado Informe sobre pobreza y prosperidad compartida, se destaca la siguiente hoja de ruta que el Banco Mundial le empieza a marcar a los países para enfrentar esta crisis como la que hoy vivimos.   “A fin de superar este duro revés para el avance del desarrollo y la reducción de la pobreza, los países deberán prepararse para una economía diferente tras la COVID-19, permitiendo que el capital, la mano de obra, el personal especializado y la innovación se trasladen a nuevos sectores y empresas”.

Ahí se advierte un nuevo derrotero de lo que deberá ser la actividad de aquí en adelante para ir ajustando los modelos para avanzar en una recuperación sostenible e inclusiva, elementos fundamentales que permitirán contener el debilitamiento del medio ambiente, disminuir los índices de desigualdad social y avanzar hacia la redistribución de la riqueza.

En esa inclusión hay que abrirles más campo de acción y de real respaldo estatal a las pequeñas y medianas industrias,  a las microempresas y a otros sectores productivos que están en un remolino sin poder salir de una crisis que parece inacabable, como lo han expuesto varios expertos.

En casos como el de los 40 municipios de Norte de Santander, es evidente que ya no da más espera la puesta en marcha de seis proyectos de gran envergadura para el departamento por $1,05 billones,  con los que el Gobierno Nacional pretende generar unos 12.100 empleos y beneficiar a por lo menos 293.000 personas, mejorando las condiciones de transitabilidad, conectividad y competitividad en la región.

¡Ya es hora de que los planes de choque, los documentos Conpes o las leyes para zonas como la nuestra pasen del papel a la realidad- más ahora- que las propias estadísticas oficiales señalan que nuestros indicadores socioeconómicos siguen marcando rojo, como ha pasado durante muchísimo tiempo!