Epa Colombia, la influenciadora de redes sociales que subió un video en el que aparece atacando a martillazos una estación de TransMilenio durante el paro nacional, es ahora el símbolo de unas situaciones que bien podrían ser el argumento de una novela de lo absurdo.

Daneidy Barrera es una “pobre muchachita de 1,40 centímetros de estatura que no representa un peligro para la sociedad”, figura entre las consideraciones que la jueza expuso para abstenerse de dictarle orden de captura.

Llama la atención que el hecho de ser de baja estatura influya en la medición, caracterización y calificación de los hechos de vandalismo que cometió contra la propiedad pública o privada.

De extenderse determinaciones como la adoptada por la togada en el caso de Epa Colombia, estaríamos en el escenario de administrar justicia de acuerdo con la raza, la religión, la condición política o económica. Y eso resulta francamente irracional. Pero se acaba de aplicar en nuestro país y deberá ser motivo de discusión por los penalistas y constitucionalistas, quienes deben exponer sus argumentaciones sobre el particular.

No es descabellado afirmarlo, pero podría pasar que cuando alguno de los señalados por vandalismo que figuran en un cartel de la Policía caiga en poder de las autoridades, busque evadir a la justicia, porque su abogado podrá presentar como hecho semejante el de Epa Colombia y entregar las consideraciones de la jueza, reclamando con ello el derecho a la igualdad. 

Los que ha hecho Epa Colombia, debería pasar a la historia como un claro ejemplo de lo que no debe hacerse, menos viniendo de una persona con miles de seguidores, que de una u otra manera, tienen especial influencia en la población, especialmente en los jóvenes.

El caso de Epa Colombia debería servir para abrir la reflexión en torno a los modelos o ejemplos que como sociedad estamos creando e imponiendo, dejando un pésimo mensaje para esa masa que adora y emula, en muchos casos, lo que ve en redes sociales.

Porque influenciadores son, justamente, aquellos que por su presencia en determinados ámbitos, logran que sus opiniones lleguen a influir en el comportamiento de muchas otras personas.

Sin querer indicar que el Estado tenga que llegar a regular dicha clase de contenidos, porque tal vez algunos dirán que se está llegando a extremos de censurar o coartar derechos, lo que debe hacerse desde la sociedad y la academia, es la convocatoria a examinar con lupa lo que hacen estos influenciadores y convocarlos a que entiendan que antes que el dinero y la fama, están los valores éticos y morales. 

No es que se vayan a acallar a los opinadores. No es eso. No es que se vayan a controlar los contenidos, previa censura, no es eso. No es que se vaya a instaurar otro ciber-delito dentro del Código Penal. No es eso. Pero sí es justo y necesario prevenir casos como el de Daneidy Barrera, a quien no se puede desconocer que se le fue la mano, o el de aquellos que por redes lanzan retos casi que suicidas, en el delirio de ganar adeptos y, lógicamente, dinero. 

Por lo tanto, es indispensable la prudencia, el respeto a las normas para no atropellar a los contradictores y que prevalezcan la cordura, la sensatez entre aquellos que detrás de sus computadoras y celulares son referentes en núcleos sociales. Además, no olviden que también ellos podrían estar a un clic de que ese castillo de seguidores se derrumbe por sus actuaciones non santas, que a  veces se confunden con contestatarias.