La guerra es la gran aberración de la política, la peor muestra de corrupción, pues nace de ella. Porque corrupción no significa solo apropiarse de lo ajeno, y en lo público, de los bienes del Estado. Aplicar mal una ley, torcerle el sentido, aplicarla solo para beneficio o perjuicio de unos, marginar y excluir a otros, también lo es.

Y el descontento por la exclusión de millones de colombianos, canalizado por un grupo de campesinos y agitadores comunistas, marcó el comienzo de una guerra que no termina y que puede reactivarse, con toda su carga de miserias y de males.

Y puede volver, otra vez por la corrupción. Y en esta oportunidad, porque se están robando el dinero destinado a la implementación del proceso de paz, según la denuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para quien hay hallazgos sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos para la implementación del proceso de paz.

Según el fiscal, una red de intermediarios que tiene información privilegiada se está beneficiando del Fondo Colombia en Paz (FCP), a través del direccionamiento de los mismos y de la consecución de interventorías acomodadas. Es decir, lo usual en todo lo que tienen que ver en la contratación del Estado.

El problema en este caso consiste en que, además de un delito grave, se está haciendo un daño muy grande al proceso de reconciliación, cuyas consecuencias ya se están percibiendo en regiones como el Catatumbo, donde la opción de la guerra surge como el único camino para gente que, desesperada, no saben qué otro camino tomar ante el incumplimiento del Estado de sus compromisos del acuerdo de paz.

Significa lo anterior que los recursos para financiar la consolidación de todo el proceso de paz se está yendo hacia los bolsillos de funcionarios del Estado que, a través de calanchines, participan en las licitaciones y los contratos, con ofertas que coinciden perfectamente con las condiciones de los pliegos. Y esto es así porque de antemano saben qué se necesita para no perder.

La denuncia del fiscal coincide con una carta de los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega, expresando su preocupación por la falta de transparencia y por la lentitud con las que se están ejecutando los 200 millones de dólares que sus países donaron al Fondo Colombia Sostenible, vinculado al FCP.

En circunstancias como las actuales en las que la corrupción y la pérdida de principios y valores parece ser la norma, la carta no ha despertado la reacción que merece un documento así, en el que piden aclarar en qué hemos gastado el dinero que es para la paz.

En otra ocasión, un mensaje así llenaría de vergüenza a un país y pondría al Gobierno a buscar hasta el último centavo, y a justificarlo, si cabe. Pero eso no es, precisamente, lo que ha sucedido hasta ahora.

Ojalá la denuncia del fiscal sirva para que el Gobierno haga lo que deba hacer en busca de garantizar que nadie más se aprovechará de la paz para ganar dinero de manera ilegal, y para convencer a los gobiernos extranjeros de que las donaciones han tenido el destino señalado.