Durante largo tiempo, la meta de erradicación de cultivos de coca se mantuvo como una espada de Damocles sobre la cabeza del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Él mismo prometió y reiteró que si al final de diciembre de 2017 no habían sido erradicadas 50.000 hectáreas de cocales, renunciaría de manera irreversible.

De ñapa, el proyecto incluyó 50.000 hectáreas más al terminar mayo de 2018.

Pues no ocurrió nada de lo prometido. Ni una cosa ni otra. Las del inefable ministro fueron palabras para la galería del gran teatro nacional, para el aplauso y los vítores. Para la foto, como dicen los jóvenes.

Lo que sí sucedió fue la pérdida de valor de la palabra de Villegas, algo que se confirmó hace solo cuatro semanas, cuando negó de manera vehemente y en alta voz, muy alta voz, que el Catatumbo se estuviera desgarrando en una guerra sin cuartel entre dos guerrillas.

Ante el fracaso de la meta, se relanzaron el programa y la promesa: 50.000 hectáreas de coca erradicadas al terminar mayo. Y ya se va a acabar este mes, y solamente van 36.000 hectáreas, pero solo 11.700 efectivamente certificadas.

Esto podría llevar a los campesinos a considerar que se les abandonó, porque si no les certifican lo hecho, no llegará la ayuda gubernamental. Y a nadie parece importarle que para estos campesinos la coca era y es la única forma de garantizar un ingreso metódico para la familia.

Significa que en más de un año, solo hay constancia de erradicación de una mínima parte de los cultivos que, en cambio, se mantienen en 220.000 hectáreas, según cálculos de Estados Unidos.

Esta vez, la soberbia no dio para tanto. Por eso no se incluyó la renuncia del ministro como garantía de cumplimiento.

Todo esto es consecuencia de considerar que todo el país es como la Sabana de Bogotá vista desde los clubes bogotanos: plana, con una telaraña de buenas vías, con todo al alcance de la mano, todo ahí no más…

Venir una o dos veces a Tibú, por ejemplo, puede ser muchas cosas, menos conocer el Catatumbo. Y lo mismo vale para Nariño y para el Putumayo y para el Caquetá y para todo el país cocalero.

Por eso hay tal ignorancia en cómo adelantar los programas de erradicación, ya sea forzosa, ya voluntaria. Si no se conoce a las regiones, mucho menos a sus gentes, y así cualquier intento del Estado por vincularse a esas zonas abandonadas de toda la vida, está condenado al fracaso.

Si no se cumplen las promesas —la verdad es que tampoco se cumple con la palabra empeñada—, no hay la menor posibilidad de que al Estado y sus voceros se les crea.

Razón tiene el director del Programa de Sustitución Voluntaria, Eduardo Díaz Uribe, cuando reflexiona: ‘Si la meta no se cumple este mes, no se les puede decir a miles de familias que le están apostando a la sustitución que se cerró la puerta y que vuelvan al pasado, a la confrontación, a la estigmatización y el abandono…’

El problema para el Gobierno es que digan lo que digan sus voceros, nadie les cree, porque no cumplen la palabra.