Se ha iniciado en Colombia la que podría ser una de las épocas más importantes de su vida institucional, la que muchos no vacilan en calificar desde ya como histórica y trascendental. 

Ayer se instaló el nuevo Congreso elegido por el voto popular en marzo pasado y ampliado en 10 escaños – cinco en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado – como consecuencia de los acuerdos de paz logrados en La Habana con la guerrilla de las Farc.

Después de más de 50 años de levantamiento en armas contra el Estado y sus instituciones, las Farc se desmovilizaron, entregaron las armas y se convirtieron en partido político, en desarrollo de un proceso con dificultades, altibajos y muchos enemigos. Sus jefes se han sometido a la Jurisdicción Especial de Paz para responder por sus actos. Este proceso que la comunidad internacional valora y reconoce, es necesario consolidar por su importancia e impacto para el logro de la paz y la reconciliación entre los colombianos.

El Congreso que se acaba de instalar tiene también algunas características especiales. El 10 por ciento de sus integrantes deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por la comisión de hechos de corrupción y conductas delictuosas que les han sido imputadas por la Fiscalía General. Dos congresistas están encarcelados y no pudieron ayer asumir sus curules. 

Gracias a la Ley de Equilibrio de Poderes, impulsada con entusiasmo por el presidente Juan Manuel Santos y su entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dos caracterizados líderes opositores, Gustavo Petro y Ángela María Robledo, regresaron al Congreso (el primero al Senado y la segunda a la Cámara), por haber obtenido la segunda mayor votación en la segunda vuelta presidencial, en la que resultó ganador el doctor Iván Duque. 

Y tras varios años de espera, con este Congreso se estrena también el Estatuto de la Oposición, una herramienta fundamental para la consolidación de nuestra democracia. No hay un partido o fuerza política con mayoría absoluta o abrumadora, lo que se ha evidenciado en las escaramuzas y dificultades para la integración de las mesas directivas y la conformación de las diversas comisiones. 

Está situación podría tener también impacto en la agenda legislativa que el presidente electo y su gobierno llevarán al Congreso. Se nos anuncian las reformas política, tributaria, agraria y rural, de la justicia y de la salud. El nuevo gobierno que se instala el próximo 7 de agosto está obligado a hacer todos los esfuerzos y tareas que sean posibles para sacar adelante estas reformas, cuya implementación permita resolver o aliviar, de una vez por todas, los problemas más angustiosos que en estos frentes nos agobian. 

Será necesario procurar y lograr consensos y acuerdos con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para evitar más desengaños y frustraciones. 

El nuevo gobierno y el Congreso que se instaló ayer están obligados también con las regiones, que desde hace muchos años afrontan graves problemas en materia de seguridad y cobertura de servicios públicos esenciales. 

Para nadie es un secreto que la corrupción se ha extendido por todas las esferas gubernamentales y por casi todos los sectores de nuestra sociedad. Los escándalos de corrupción – en los que aparecen involucrados funcionarios públicos de todos los niveles, empresarios, jueces, magistrados y gente del común – se suceden con la más espantosa frecuencia. 

A este cáncer de la corrupción sin duda están asociados otros fenómenos delincuenciales como el tráfico de drogas en gran escala, el microtráfico, la extorsión y la violencia que azota nuestras ciudades y pueblos. El presidente electo conoce muy bien esta situación y con la colaboración del Congreso y de todos los colombianos seguramente la va a tener como prioritaria para darle la máxima atención.