Para administrar una ciudad se requiere de 10 por ciento de dinero y de 90 por ciento de imaginación, dijo alguna vez un alcalde muy exitoso. Al fin y al cabo, para muchos, la imaginación es el verdadero motor del mundo.
 
Pero, hay un problema: algunas veces, unos cuantos imaginan, y el resto, simplemente se cuelga de lo imaginado, porque creen que para tomar la decisión de aplicar una idea ajena es ser imaginativo. Decidir lo contrario, también lo es.

Es lo que sucede con alcaldes que están apelando a ideas como el sistema de fotodetección de infracciones de tránsito, las populares fotomultas, como una especie de panacea para sus problemas presupuestales, antes que como medida para regular el tránsito de vehículos.

Villa del Rosario pretende entrar a esta moda, y ya su director de tránsito, Sandro Duarte, anunció que en una semana, más o menos, estarán funcionando dos reductores de velocidad electrónicos para controlar a los conductores y la alta accidentalidad en la autopista: uno de ellos, a la altura de la iglesia Divino Niño de Lomitas, y el otro en la Universidad de Pamplona.

En este caso, la Alcaldía busca desmontarse por las orejas de un problema que no tiene por qué trasladarlo a la ciudadanía motorizada, como parece haberlo decidido. Si, como argumenta, la razón para instalar el sistema es el peligro que la autopista representa para los transeúntes en los dos sitios, ¿por qué no pensar en otro tipo de solución, puentes peatonales adecuados, por ejemplo?

Así, los peatones estarían a salvo, y no en riesgo en la calzada, y el tráfico automotor se desenvolvería como debe ser en una vía rápida como en últimas es toda autopista, y los automovilistas no estarían enfrentados a la inequidad que se está generando entre colombianos y extranjeros con la decisión de la Alcaldía.

Hoy, la norma indica que el infractor de la norma de velocidad detectado mediante el sistema electrónico debe ser notificado de manera personal máximo en los siguientes tres días, o la sanción pierde vigencia.

Esto no representa mucho problema con los automovilistas colombianos, pero, ¿qué hacer con los que tienen carro venezolano y con los que vienen de Venezuela  —porque tarde o temprano la frontera será reabierta y el flujo de vehículos volverá a ser como siempre—, y a ninguno de estos últimos se les puede ni notificar ni cobrar?

Lo de esperar a que el infractor regrese para cobrarle, como sugirió Duarte, es una idea de una ingenuidad enorme, además de impracticable: si en tres días la sanción ya no existe, ¿qué se le cobrará al carro venezolano infractor que rueda en Cúcuta o que regresó?

Esta posibilidad es una situación de gran inequidad con los colombianos, y lleva a sugerir que se piense en otra manera de solucionar el problema vial, como los puentes. Es que permitir que la gente camine por la calzada solo porque muy probablemente los carros van a 30 kilómetros por hora es, de todos modos, grave riesgo. A esa velocidad también se atropella. En cambio, sobre un puente no.

En torno de esta idea, y ojalá antes de que Villa del Rosario entre en gastos, vale la pena escuchar la opinión de las autoridades del Área Metropolitana, para las que el transporte y la movilidad son asuntos de primordial interés.

También será oportuno conocer la opinión de la firma concesionaria de la autopista, que en la práctica es como la dueña de la vía y la determinante de las cosas que se puedan o no hacer en ella.

Y, si lo que se busca es fortalecer la cuenta bancaria del Municipio, pues que el alcalde y los concejales y todos sus funcionarios busquen otras fórmulas, porque eso de andar a la moda, en este caso incomoda. Y bastante.