La misma soberbia y el mismo abuso con que administraron estas tierras cuando las pusieron a los pies de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla al morir el Siglo 15 la están usando, desde hace algunos años, los nuevos conquistadores españoles, ahora dedicados a ‘hacer América’, sin cruz y sin trabucos en las manos.

Los han reemplazado con artilugios legales que les permiten, nuevos magos, desaparecer sin cumplir sus compromisos, o cumplirlos cuando les viene en gana, pero jamás según lo indican los contratos públicos a los que llegan no se sabe cómo.

Disponen hoy, como sus viejos enemigos ingleses, de una especie de patente de corso que les permite, a nombre de grandes compañías privadas, pero, también, del Estado, entrar en saco roto en el fisco de sus neocolonias americanas y llevarse lo que a bien tengan.

Que para defenderlos están los gobiernos, como el actual del Partido Popular (PP) y su ministro de Economía, Luis de Guindos… Al fin que el PP y el Gobierno son los que manejan empresas como Canal Isabel II e Inassa, cuyos altos ejecutivos se apoderaron, solo cédula en mano, de empresas como la Triple A de Barranquilla, Metroagua de Santa Marta, Asaa de Riohacha y Recaudos y Tributos, con las que se llenaron los bolsillos sin aportar un solo centavo.

Porque estaba quebrada, no cumplía con elementales obligaciones laborales y no podía siquiera comprar energía para revenderla, Colombia debió liquidar Electricaribe, en acción legal recibida por De Guindos con lenguaje amenazante y extorsivo. Como si estuviéramos cinco siglos atrás…

“Le aconsejo al tipo de países como Colombia cuidar la inversión, porque la necesitan”, dijo el que fue considerado el peor ministro de Economía de Europa, cuando ofreció su respaldo a Gas Natural Fenosa en la demanda contra Colombia, por ‘la expropiación’ de Electricaribe, de la que los españoles tienen 85 por ciento.

Hace pocos días, la Contraloría General de la República abrió 11 procesos de responsabilidad fiscal ‘para recuperar los más de 60.153 millones de pesos que se perdieron en la construcción de escenarios deportivo para los Juegos Nacionales, obras que hoy en Ibagué son columnas de concreto abandonadas y barrizales en donde se propagan los zancudos y la maleza’. Ya había detectado irregularidades por más de 6.187 millones de pesos en los contratos de diseño de las obras.

Todo este escándalo gira en torno de compañías españolas: Typsa, Vera Construcciones (de Málaga) y Ortiz Construcciones y Proyectos (De Madrid). A Vera Construcciones le entregaron 37.130 millones de pesos por anticipo y actas parciales por supuestos avances, a pesar de que las obras nunca se construyeron. Incluso, las dejó abandonadas en abril del 2016. Ni siquiera cumplen las normas de sismorresistencia…

En Norte de Santander esperamos la llegada de Sacyr, la tristemente famosa contratista española a la que, sin revisar la historia, le entregaron la Autopista 4G Cúcuta-Pamplona. Hace unos años, su presidente, Florentino Pérez, y su delegado, Luis del Rivero, se embolsaron 70 millones de adelanto para la autopista Bogotá-Medellín-Costa Atlántica, y debieron pasar varios años más y la intercesión de varios gobiernos, para que los devolvieran.

La historia del Canal de Panamá, también a su cargo, es otra historia. Pero, en todas se repite la tendencia a olvidar de que si bien ellos son la misma España, esta es otra América, y ya no comulga con ruedas de molino.

La mayor preocupación radica en que Sacyr ganó la licitación con oferta a la baja, como antes, en otros contratos, para luego comenzar a pedir reajustes por mayores costos.