¡Desgarradores! ¡Impactantes! ¡Dolorosos! ¡Muy tristes! y sobran los calificativos para expresar el sentimiento provocado por los relatos familiares de los médicos y enfermeras que han muerto en la primera línea de batalla contra el coronavirus y que presentó La Opinión en su edición dominical. 

Este rostro de la tragedia que implica para la sociedad la pérdida de un componente fundamental -como es el de los profesionales de la salud- debe  no solo conmovernos sino motivarnos a tomar grandes y contundentes determinaciones .

Así como en la lucha antisubversiva decidió multiplicarse el presupuesto de defensa y se tomaron una serie de medidas complementarias, lo mismo tiene que hacerse con la salud en Colombia.

Este servicio protegido por la Constitución debe de tener un trato preferencial con un presupuesto robusto, unas inversiones suficientes y asignaciones salariales acordes con la misión que cumplen los médicos, enfermeras y demás trabajadores de esa rama: salvar la vida humana.

Y quien tiene a cargo esa noble tarea no debe de ser ni maltratado ni estigmatizado ni señalado de enemigo de las instituciones porque reclama salarios justos, prestaciones sociales ajustadas a la ley, perfecta dotación y los equipos, insumos y tecnologías adecuadas para el tratamiento de los pacientes.

Suena indolente y tirado de los cabellos -por ejemplo- atacarlos porque se quejan que trabajan sin que les hayan pagado sus sueldos de muchos meses o porque denuncian la contratación mediante sistemas de tercerización que vuelven precarias sus condiciones salariales.

Y ni qué hablar del actual sistema de salud descendiente de la Ley 100 donde muchos se han vuelto millonarios como  intermediarios de los recursos de la salud, los cuales muchas veces han ido a parar a los bolsillos de los corruptos.

El coronavirus ha enseñado que la prevención es una escudera perfecta y aquí en nuestro país eso ya no existía. Hay que rescatarla.

La COVID-19 ha probado que requerimos un sistema hospitalario bien equipado y respaldado por la ciencia. Sí, la ciencia, esa que también en materia presupuestal es una cenicienta y que en esta nueva realidad tiene que ser robustecida.

Y ni qué hablar de la atención a los pacientes con las famosas EPS que toman un examen hoy y muchas veces lo entregan cuando la persona o ya se recuperó o ya murió o siguió trabajando sin saber si tenía coronavirus. 

En memoria de los 165 (según la Organización Colegial de Enfermería y Anthoc) o los 93 (de que hablan las cifras oficiales) trabajadores de la salud muertos por la pandemia, el Estado y la sociedad colombiana están en la obligación de dar un giro de 180 grados en la política de salud. Pero no para salir del paso. Ni cambiar para que nada cambie, sino para extirpar todos esos males estructurales que la aquejan, incluyendo el de la corruptela y el de la politiquería.

Toda la razón le asiste al médico Arturo Arias “la primera línea que atiende la COVID-19 es carne de cañón devastada, completamente herida en guerra, de una guerra molecular que no vemos, porque a nadie le importa, porque se ha perdido la dignidad y la humanización de la medicina en todos los niveles, y lo que sí importa es el vil dinero corrupto que entra fácil por cualquier motivo, esto es lo que está pasando no solo aquí en Cúcuta sino en Colombia”.