No es un capricho, es una decisión de equidad. No puede continuar una situación anómala en la que los propietarios de vehículos registrados en Colombia sean los únicos que paguen al fisco por usar las carreteras, mientras otros miles, con vehículos cuyas placas son venezolanas, no lo hacen.

Y no lo hacen simplemente porque el Estado no ha reglamentado, como se debe, la permanencia de esos vehículos extranjeros en el país. Hay normas internacionales que lo permiten, pero no hay una sola que impida que se les cobre a quienes los usan, los impuestos y gravámenes que pagan todos los demás.  

Por eso, la decisión del presidente Iván Duque de no modificar la norma legal que reglamente la internación de esos vehículos extranjeros, autos y motos, pero sí de dar un plazo mayor para comenzar los trámites, es justa, oportuna y moralmente correcta.

No se trata de oponerse a que vehículos extranjeros, en manos de poseedores de buena fe, circulen por las carreteras nortesantandereanas, sino de que, como debe ser, se sujeten a las mismas normas a las que están sometidos los autos y motos con placas colombianas. 

Habrá algo así como año y medio de plazo, tiempo suficiente para que todos los tenedores de esos vehículos en la frontera obtengan los documentos que certifiquen la propiedad sobre ellos, y para que las autoridades levanten un censo para establecer, a ciencia cierta, la realidad. Las cifras varían entre 45.000 y 65.000 autos y una cantidad de motocicletas similar.

Si el censo no es manipulado, como todo indica lo fue el realizado por el Área Metropolitana de Cúcuta para establecer la cifra real de taxis, que tardó tres años y jamás les permitió a los cucuteños establecer una cifra cierta, el de vehículos extranjeros es, por ahora, el único mecanismo idóneo para conocer cabalmente la realidad.

Desde luego, el censo deberá comenzar pronto y estar acompañado de reglas claras que impidan su elusión y obliguen a no circular a los vehículos que no estén empadronados. Y, en este campo de las sanciones, vale la pena referirse al asunto injusto de que, en materia de fotomultas, esos vehículos venezolanos también están excluidos, pues no hay cómo notificar a los infractores, pues carecen de registros.

El censo, bien elaborado y detallado, con normas precisas, es, repetimos, un mecanismo idóneo para conocer la realidad de los carros y motos venezolanos, todo un mundo extraño que raya con la delincuencia.

Al parecer, en el departamento circulan vehículos robados en el vecino país, y traídos de contrabando, así como hay autos de modelos recientes, pasados por la trocha, que se amparan en antiguas placas venezolanas. Ojalá con el censo quede clara esta otra realidad.

Probablemente lo recaudado por concepto de rodamiento de esos vehículos no sea mucho, pero el acto de justicia y equidad es claro. No puede haber ventaja alguna para quien trae un carro de otro país, en la circunstancia que sea, y está exento de obligaciones tributarias.

Hay oposición a la internación, pero una parte de ella podría tener origen en la imposibilidad que tienen los tenedores, de demostrar la propiedad, pues el asunto ha sido tratado siempre con una ligereza digna de mejor suerte.