A la pandemia del COVID-19, que sigue en expansión en el planeta, en Colombia se suma la crisis carcelaria también con dimensiones de tremenda gravedad. 

Pero no es un problema nuevo. Se ha venido acumulando en medio de la pasividad o indiferencia de quienes tienen la competencia para buscar las soluciones adecuadas. 

El Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, parece ser permisivo con el descarrilamiento que se advierte en todo el sistema carcelario del país. 

Los cruentos y estremecedores hechos de las últimas horas en varios establecimientos carcelarios es el desbordamiento de situaciones represadas. 

Es el hacinamiento de internos en condiciones de desgreño desmedido, lo cual deja como secuela inevitable la generación de otros males con repercusiones de perturbación.

Con el hacinamiento sobrevienen enfermedades expansivas para las cuales no se han buscado tratamientos oportunos. 

No se destinan los recursos requeridos para una atención médica adecuada y efectiva. Y los que se destinan o asignan no siempre toman los caminos correctos o pertinentes.

Otra consecuencia inquietante de las estrecheces predominantes en los establecimientos  penitenciarios es el de la inseguridad, propiciadora de conductas punibles que ponen en riesgo la vida misma de los reclusos. 

Y en todo ello se cuela la negación de los Derechos Humanos. Lo que se forma es todo un laberinto de incertidumbres y confusiones, con la permisividad que hace posible la debilidad de la fuerza de vigilancia encargada del control institucional.

Las cárceles colombianas, además, se han convertido en nidos encumbrados de corrupción. 

Son bien conocidos los informes sobre los presuntos privilegios de que gozan algunos detenidos y por los cuales se pagarían cuantiosas sumas. 

Esas excepciones permitirían el disfrute de comodidades, la celebración de actos festivos con diferentes goces, la utilización de redes de comunicación con conexiones muchas veces ilimitadas hasta para manejos políticos hacia el exterior, las visitas conyugales especiales y otras ventajas, que no son derechos otorgados legalmente sino garantías conseguidas mediante influencias que resultan del ejercicio abusivo del poder, como expresión de violaciones a que da lugar el festín de la corrupción.

Lo ocurrido el sábado en las cárceles no debe minimizarse. No se trata de una manifestación rutinaria de inconformidad. Se está ante una copa rebosada por la suma de situaciones traumáticas a las cuales el Inpec no ha respondido como le corresponde, es decir, con autoridad y decisión acertada que erradiquen los factores generadores de los desquiciamientos. 

A ese tupido tejido de enredos hay que aplicarle correctivos a lo que quedó descompuesto. Y no se deben diferir las tareas sino cumplirlas con la prontitud y el acierto a fin de no darle largas al deterioro carcelario en Colombia.

Para el Gobierno nacional el reto es actuar con prontitud. El sistema carcelario colombiano requiere con prioridad un saneamiento integral y no hay tiempo que perder. Se deben tomar en cuenta todas las debilidades acumuladas para rehacerlo a la medida de los requerimientos del país. Un sistema carcelario articulado al derecho y la justicia, estructurado con las condiciones que garanticen posibilidades de rehabilitación para quienes deben pagar condenadas por delitos cometidos.

Así como se busca superar el escollo aterrador del Coronavirus y fortalecer la democracia con reformas a la justicia y otras instituciones en estado de debilitamiento, se debe pensar en el saneamiento definitivo del sistema penitenciario.