Se ha encendido una nueva polémica en el país por la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de declarar la guerra sin cuartel al gravísimo problema del microtráfico de drogas en todo el territorio nacional. Y como parte de la política integral que  está estructurando, el gobierno anuncia también la persecución implacable a la llamada dosis mínima, con base en normas que contempla el nuevo Código de Policía y que no han sido implementadas en la forma debida. 

No es un asunto de poca monta que el microtráfico, a través de sus modalidades como la entrega puerta a puerta de las sustancias sicoactivas, el uso de las redes sociales y de jóvenes en colegios y universidades, entre otras, es un abominable negocio que mueve al año más de 10 billones de pesos. 

El gobierno igualmente ha tenido en cuenta el aumento del consumo interno – que se dobló en los últimos años, según los informes de las autoridades policiales –, y la aparición y demanda de más de 30 nuevas drogas, entre éstas las sintéticas que han producido devastadores efectos y daños en otros países. Colombia, pues, no solo es hoy un gran productor de cocaína y marihuana, sino que se volvió también un gran consumidor. 

De acuerdo con los informes oficiales, el país tiene 10, 2 millones de estudiantes en colegios públicos y privados, de los que un 8,3 por ciento ha fumado marihuana y un 2,7 por ciento aspirado cocaína. 

Asimismo se registra con preocupación  el crecimiento del uso de la heroína. Cúcuta figura con Armenia, Medellín, Pereira, Cali, Bogotá y Santander de Quilichao (Cauca) entre las ciudades más afectadas con este flagelo. Debe tenerse en cuenta que la inyección de heroína impacta negativamente la salud pública, ya que puede derivar en fenómenos como la transmisión del VIH y la hepatitis B. Esta inyección de drogas, además, se relaciona con mayor probabilidad de sobredosis y muerte. 

Desde la academia y diferentes sectores de la sociedad civil se ha hecho la advertencia de que la guerra contra el microtráfico no genere abusos y arbitrariedades que vulneren o afecten derechos fundamentales de los ciudadanos. Respetables entidades médicas y organizaciones científicas reclaman políticas integrales de salud pública, y no solo medidas policiales y represivas para que la lucha contra este mal logre su cometido y no se convierta en un nuevo fracaso. Que no resulte peor el remedio que la enfermedad. 

Hay que admitir que, definitivamente, el tráfico de drogas en pequeñas cantidades representa hoy uno de los más importantes retos en materia de políticas públicas para Colombia. Y como lo señalan algunos estudiosos, en la práctica, el microtráfico como el narcomenudeo existen porque hay no solo una gran oferta, sino también una demanda que el mercado ilegal pretende satisfacer.

El gobierno tiene la obligación de enfrentar y combatir todas las formas de delincuencia criminal y el microtráfico es una de ellas. Nuestros estudiantes no pueden quedar atrapados en poder de los jíbaros y de las organizaciones delincuenciales. Y en esta cruzada debe contar con el apoyo de todas las autoridades y estamentos de la sociedad. 

Los maestros y profesores, los establecimientos educativos, los padres de familia, las organizaciones cívicas y comunales, tienen que vincularse con todo su entusiasmo y decisión a esta campaña. 

Debería establecerse una cátedra obligatoria de prevención del uso del tabaco, las drogas y el alcohol en los colegios. 

Los gobernadores y los alcaldes del país también deberían ser convocados a participar en esta acción, pues el problema requiere de la voluntad y esfuerzos de todos, antes que se complique más y no tenga solución.