El Catatumbo sigue siendo un territorio de complejas condiciones en todos los aspectos, a pesar de los recursos que la naturaleza le ha deparado. 

El desaprovechamiento de los mismos ha debilitado la capacidad de sus habitantes y los ha sumido en un destino de incertidumbres, bajo el peso de una guerra  de efectos devastadores.

Sin duda, la violencia se convirtió en una constante que no da tregua. La presencia activa de diferentes grupos armados ha socavado la región en forma extrema, hasta el punto de generar parálisis en algunas empresas. Un hecho que agrava la crisis social.

La violencia no es un fenómeno superficial.  La produce el conflicto armado con la participación de todos sus actores, incluida la Fuerza Pública. Los enfrentamientos entre los distintos grupos dejan como resultado muertos, desplazados y otros hechos de abrumador impacto negativo. Bajo esa atmósfera se abre paso el narcotráfico con los cultivos de coca que alcanzan una tupida y amplia extensión, la cual es defendida como fuente alimentadora de la actividad laboral de parte de la misma población. Las políticas oficiales, planteadas muchas veces a contravía de la realidad no han podido reversar tan agudo problema.

Ese nudo de la violencia en el Catatumbo siguió expandiéndose a pesar de la desmovilización de los frentes de las Farc tras el acuerdo de paz consolidado durante el período final de Juan Manuel Santos en la Presidencia de Colombia. Organizaciones internacionales dedicadas a promover el reconocimiento de los derechos humanos y la convivencia han puesto su reflector sobre el aludido territorio y su diagnóstico es inquietante. 

Los estragos de las acciones de fuerza afectan la vida de la población, sometida al vaivén de las luchas ofensivas. 

El balance de todo es de características de gravedad inocultable, ante la cual no se ha dado una respuesta que haga cambiar el rumbo. 

Veinte años después de la tropelía de los paramilitares en El Catatumbo, cuando llegaron a tomarse ese territorio y ejecutaron la primera de sus masacres en La Gabarra, para impulsar sus intereses feudales ejerciendo violencia con fines de sometimiento a sus habitantes, la situación no ha tenido cambios positivos. 

Se ha intensificado la escalada ofensiva. 

Al feroz ataque a sangre y fuego de La Gabarra siguieron otros actos de exterminio. Y casi que no ha habido pausa. El Eln, el Epl, las disidencias de las Farc  y los grupos del paramilitarismo mantienen su dominio ofensivo y deterioran la seguridad, sin que las Fuerzas Militares del Estado tengan una respuesta efectiva.

Ya es tiempo que el Estado intervenga para desmontar todas esas estructuras criminales. 

Se requiere un Catatumbo en paz, sin coca y con sustitución de cultivos ilícitos por los que estén dentro de la legalidad y garanticen un ingreso de prosperidad que haga posible mejorar las condiciones de vida de toda la población.

Ese Catatumbo sin violencia es posible, tiene que ser posible, si el Estado lidera unas políticas que representen la variación fundamental de los factores y actores que hoy generan desigualdad y dan lugar a tantos y siniestros planes de los grupos irregulares. 

Tiene que ser una acción que deje atrás tantas debilidades con predominio de poder.