Al fin de cuentas, lo que importa del perro no es tanto su raza como que tenga dientes, explicaba, sabio y franco, un pragmático personaje de ficción al que, sin duda, la vida le había enseñado mucho.

Quizás de allí venga el símil usado en algunos países para endilgárselo a los cobradores de impuestos y, por extensión a todos los cobradores: perros de presa, les llaman, porque en su oficio también lo que interesan son sus dientes, no sus ladridos.

En Colombia, todo el que se lo proponga puede deber al Estado millonadas y estar seguro de que nada ocurrirá más allá del aturdimiento con los ladridos del cobro formal, porque no hay dientes para morder con una ejecución.

A eso se debe que hasta hoy, de acuerdo con estadísticas fiables del ejército de superintendencias con las que se supone que los gobiernos todo lo vigilan, las empresas le deban al Estado 621 mil millones de pesos en multas por violar leyes que rigen cada sector de la actividad empresarial.

Lo más grave de la situación es que 48 por ciento de la deuda corresponde a mora: 299 mil millones de pesos. Esto significa que las empresas no solo deben, sino que no pagan dentro de los plazos correspondientes.

Y si el gobierno no hace algo urgente para salir en defensa de los recursos del Estado, esa deuda por mora seguirá creciendo y podría hacerse impagable.

Con ese dinero, el gobierno podría construir 30 mil casas gratuitas, 50 por ciento de la segunda fase del programa de vivienda gratis, que vale 1,4 billones de pesos.

Desde luego, primero tendrá que cobrar, pero carece de las herramientas necesarias para hacerlo: no tiene los dientes necesarios para hacer efectivos los cobros con la inmediatez necesaria. Y, mientras siga así,  cualquiera se sentirá autorizado para violar la ley en su campo de actividad, y esperar una multa que, algunas veces, está calculada dentro de los precios de los productos.

Existe el recurso de la justicia a través de cobros coactivos, pero la demora en los trámites dificulta la recuperación de esa cartera. Las empresas disponen de recursos de defensa que solo dilatan las acciones judiciales y les permiten, mientras tanto, seguir atentado contra las normas.

José Luis Mendoza, superintendente de servicios públicos, considera que las sanciones establecidas (generalmente multas) no siempre son la solución para evitar las violaciones a las leyes por parte de las empresas. Por eso señala que ese tipo de sanciones “se debe manejar con inteligencia y mucho tacto, pues hay que pensar en los efectos que tienen sobre los demás actores del mercado”.

De criterios como este se pueden valer los empresarios para burlar la ley, convencidos de que si los sancionan, el mercado de resiente y con él la economía.

Por ahora, hay que buscar que el Estado recibe lo que le corresponde, mientras el gobierno busca fórmulas para evitar las faltas contra las normas, bien sea endureciendo las sanciones, con multas mucho más drásticas, como lo reclama la Superintendencia de Sociedades.