Así como les pasa a los aviones que tienen problemas con el tren de aterrizaje y los pilotos deben optar por el ‘barrigazo’, lo mismo le acaba de suceder a la estampilla Pro-desarrollo Fronterizo con el cobro que se les hace a los pasajeros que viajan en avión, desde Norte de Santander, hacia otras regiones colombianas. Un fallo del Consejo de Estado, en segunda instancia, la dejó sin alas jurídicas para seguir existiendo.

A muchos viajeros les asaltó la duda de por qué deben seguir pagando los $6.500 cuando van a tomar su vuelo en el aeropuerto Camilo Daza, si ya hay una sentencia que confirma la nulidad. La Gobernación de Norte de Santander, que es la que por intermedio de la Secretaría de Hacienda, hace el recaudo.

La decisión deja ver que allí se habría tipificado aquello que los economistas llaman doble tributación, porque al tenor del Decreto 1222 de 186 “las asambleas departamentales tiene prohibido imponer gravámenes a artículos, objetos o industrias que sean materia de impuesto de la Nación”. Para este caso, el mismo Consejo de Estado recordó que los pasajes aéreos se encuentran dentro de “un servicio gravado con el impuesto a las ventas, o sea, el famoso IVA, que es de carácter nacional.

Por ese componente aéreo de la estampilla, en lo que corrido de este año a las arcas departamentales ya han ingresado $2.800 millones.

En momentos que por todos lados aparece el fantasma de los impuestos (ley de financiación, valorización, IVA, tasa de seguridad), la caída de esta contribución que hacen los usuarios del transporte aéreo, puede considerarse como un alivio para un sector de la población y abre la puerta para que también se intenten acciones contencioso administrativas contra los cobros que se les hacen a los pasajeros del transporte interdepartamental que salen de territorio nortesantandereano y, también, a la carga. Ahí podría alegarse el derecho a la igualdad.

Es decir, desde la orilla de quienes al momento de viajar deben incluir en el presupuesto ese dinero, lo ocurrido constituye un ‘buen regalo de Navidad’ y un ‘triunfo sobre el Estado alcabalero’ con el desmonte de una tasa surgida de la Ley de Fronteras.  

Pero otra cosa muy distinta es la que se piensa desde la esfera gubernamental departamental que tiene en esa estampilla un ingreso promedio anual total de $10.700 millones, sumando los recursos que provienen de quienes viajan en avión, de los que van en buses interdepartamentales y del transporte de carga.

Aquí debe darse un debate de si lo adecuado es seguir en la búsqueda de recursos por la desde siempre impopular vía impositiva, o si por el contrario la senda indicada es otra. Por ejemplo, mejorar el cobro de las rentas departamentales, la recuperación de la cartera, acudir a la cooperación internacional y, además de eso, lograr que el Gobierno Nacional ponga en Norte de Santander todo su interés para apoyarlo en su desarrollo de infraestructura, de servicios públicos y de competividad. 

Esa sería una manera de abrirse a la industrialización, al turismo y a la búsqueda de nuevos nichos de desarrollo, sobre una base fundamental, la educación, la consolidación del posconflicto y hacer de la crisis migratoria y de relaciones con Venezuela, una oportunidad para dar un salto seguro al futuro. 

Tal vez después de esto se llegue a la conclusión de que los impuestos, tasas o contribuciones no son la mejor herramienta para consolidar nuestro desarrollo.