La pandemia del coronavirus no solo ha acabado con la vida de más de 30.000 colombianos, y más de un millón de compatriotas infectados con ese contagio letal aún sin remedio. También ha destruido millones de empleos y oficios y empujado a la quiebra a miles de pequeñas, medianas y hasta grandes empresas en todo el país. Volvió añicos nuestras costumbres y comportamientos cotidianos y hasta podría decirse que acabó con buena parte de nuestros ideales y esperanzas.

Todo nos lo ha trastocado y las posibilidades de un pronto retorno a la normalidad cada vez son más lejanas. En marzo pasado, a raíz de la calamidad pública y la emergencia sanitaria, económica y social que tuvo que declararse para hacerle frente, el Gobierno Nacional dispuso una serie de alivios y subsidios en casi todas las actividades económicas y productivas del país para ayudar a la población más vulnerable y necesitada.

Se dispuso por ejemplo, la congelación y prohibición de aumentos de las tarifas y el aplazamiento de la facturación de servicios públicos esenciales. Los bancos y corporaciones financieras fueron autorizadas por el Gobierno para facilitar acuerdos de pago, refinanciar las deudas con sus clientes y mayor flexibilidad en las condiciones de créditos e hipotecas.

Pero en agosto pasado las medidas de alivio para mitigar los efectos de la pandemia terminaron y estamos otra vez ante la cruda realidad del pago de los servicios públicos. 

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la morosidad en el servicio de gas natural, por ejemplo, tuvo un incremento del 41 por ciento en dos meses que no hubo ayudas del Gobierno. El saldo en mora, en efecto, pasó de 147.000 millones de pesos a finales de agosto a 204.000 millones de pesos en noviembre.

Los datos de la Superintendencia destacan que el sector comercial es el que ha presentado el mayor vencimiento del valor en mora en el servicio de gas, con un aumento del 228 por ciento, mientras que el sector residencial representó el 42 por ciento de la mora total.

La crisis obligó a que muchos negocios del sector comercial, como los restaurantes, dejaran de pagar sus facturas; en el residencial la morosidad no respetó estratos, toda vez que en los  niveles socioeconómicos del 1 al 6 hubo aumento en los valores pendientes de pago, pero el mayor nivel de incremento en la morosidad se ha dado en la clase media, en los estratos tres y cuatro.

Las quejas por deficiencias o fallas en los servicios públicos también se incrementaron en forma notable. Los derechos de petición de los usuarios hasta octubre contabilizaban 111.564 radicaciones, 236 por ciento más que los registrados en 2019.

La Superintendencia registró también un alza considerable en los reclamos de los usuarios de algunos servicios como el del gas. El mayor porcentaje fue por inconformidad en la medición del consumo, con un 51,9 por ciento.

Como la pandemia no se ha ido y, antes por el contrario, sigue causando cada día que pasa más estragos y desastres, sería bueno que el Gobierno reconsidere y comience a trabajar en la adopción de nuevas medidas para aliviar la agobiante situación de los usuarios de los servicios públicos.