Hasta hace muy poco, los expertos consideraban que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) era la universidad popular más grande del mundo, gracias a las gigantescas cifras de estudiantes y su enfoque pedagógico, que si bien no era para educar profesionales, sí formaba técnicos que, en algunos casos, se disputaba el mercado internacional. Y no es exageración.

Ahora, tal vez ya no piensen igual: miles y miles de contratos, producto de actos posiblemente corruptos masivos en los que están involucrados altos funcionarios del organismo y al menos 6 congresistas, le dan al Sena una imagen absolutamente diferente, lamentable, deprimente.

Su director actual, el nortesantandereano José Antonio Lizarazo ha dicho en su defensa que los contratos son necesarios para el normal funcionamiento de la entidad, y asegura que no es cierto que esté en manos de políticos, y menos que se trate de un acto de corrupción. A pesar de esto, el procurador general, Fernando Carrillo  ordenó investigarlo todo, pues es imprescindible vigilar un presupuesto de 2,2 billones de pesos que en un país como este, con la corrupción desbordada, puede convertirse en una invitación ineludible para quienes creen tener derecho a comerse el dinero del Estado. 

Puede ser solo casualidad, pero no deja de ser desafortunado que uno de los congresistas investigados, Manuel Guillermo Mora, sea de Norte de Santander, y la de aquí sea una de las nueve regionales involucradas.

Por ahora, la investigación de la Procuraduría va en el sentido de establecer la posible participación indebida en política partidista en las 9 regionales. 

En sus primeras declaraciones públicas luego del anuncio de la investigación, Lizarazo tomó distancia prudente de los ciento y tantos ordenadores del gasto allí: ‘Si alguien incumplió lo que está determinado, pues tiene que responder ante la ley; los ordenadores del gasto saben que no debe haber presiones ni ayudas políticas para nada’, argumentó.

A Lizarazo el escándalo lo toma recién posesionado en una entidad que desde hace varios meses está en el ojo del huracán por las actuaciones del exdirector y hoy secretario Privado de la Casa de Nariño, Alfonso Prada. En últimas, llegó a la entidad en medio de la tormenta, teniendo que enfrentar una serie de rumores y denuncias que se vienen conociendo desde hace tiempo y que a pesar de lo escandalosas que hayan podido ser, no han tenido repercusión alguna.  

Pero él sabe que ahora, como cabeza de la entidad, le corresponde responder por lo que hagan o dejen de hacer los 40.000 funcionarios bajo su dirección, tarea nada fácil, mucho menos en estos tiempos de contienda electoral.

Lo cierto es que todo parece indicar que puede haber una enorme nómina paralela por la que alguien debe responder. Ojalá como lo ha indicado el director en su defensa, se logre demostrar lo que se refiere a la fecha de vigencia de la ley de garantías y de su posesión —las dos cosas fueron en enero de este año—, y que el procurador investiga lo sucedido a partir de entonces. Ojalá la investigación concluya en que todo lo actuado es correcto. Para bien del país, del Sena y, claro, de Norte de Santander.