La Comisión de la Verdad, creada como parte de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las desmovilizadas Farc, para esclarecer los dolorosos hechos ocurridos durante más de 50 años de conflicto armado en Colombia, ha cumplido su primer año de actividades.

Ha sido un año de intenso, discreto y meticuloso trabajo que han venido desarrollando sus miembros, con el padre Francisco de Roux a la cabeza, en todo el territorio nacional.

Sus diez integrantes (11 con el recordado escritor Alfredo Molano, fallecido recientemente), son los dolientes de las víctimas de todos los actores del conflicto, de los sobrevivientes y de sus familias en las diferentes regiones donde se sufrieron los rigores y angustias de la guerra.

En este primer año de labores, la Comisión de la Verdad recogió cerca de 7.500 testimonios de actores y protagonistas con el fin de ir armando el rompecabezas de una verdad que, como ha dicho el padre de Roux, busca una reflexión colectiva sobre el drama y la tragedia que nos pasó como sociedad.

En este primer año también, se pudieron establecer 28 casas de la verdad en las regiones, a las que llegan miles de personas a dar testimonios esclarecedores y conmovedores, y a buscar y escudriñar los datos que les puedan permitir conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sus familiares, allegados o amigos fueron muertos, heridos, secuestrados o desaparecidos. 

Para el próximo año 2020, el trabajo de la Comisión será igualmente intenso y riguroso. Según ha informado el padre de Roux, los comisionados se concentrarán en las relaciones entre el narcotráfico y el conflicto armado, los problemas de la tierra y la economía, los problemas de exclusión étnica y el racismo, afectaciones a la tierra y la ecología y los daños en general a la democracia.

Son temas de la mayor importancia que los colombianos requieren conocer en detalles para su análisis, debate y reflexión.

Este primer año de la Comisión de la Verdad coincide con las escalofriantes cifras y relatos conocidos en los últimos días sobre la pesadilla de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que en desarrollo del conflicto armado se registraron en varias regiones, entre estas Norte de Santander. El caso más sonado en nuestro medio fue el de los jóvenes de Soacha, que fueron reclutados por miembros del Ejército y aparecieron muertos en Ocaña, y presentados como guerrilleros “dados de baja” en combate.

Por estos hechos, varios oficiales y miembros de las fuerzas militares han sido procesados y condenados.

En los últimos días también ha trascendido que el Instituto de Medicina Legal ha recibido informes según los cuales más de 200.000 personas muertas en el país están sin identificar y reconocer legalmente. Corresponde a esta entidad el tremendo reto de lograr la identificación de estos compatriotas, muchos de ellos sepultados en tumbas clandestinas en las más apartadas regiones de nuestra geografía.

Hay que destacar, pues, el trabajo de la Comisión de la Verdad, a la que le quedan dos años más de mandato. 

El tiempo suficiente para recabar mucha más información y hacer las recomendaciones para la convivencia y la no repetición en el país de la barbarie que hemos sufrido en los últimos 50 años.