¿De qué le sirve a Cúcuta tener autoridades elegidas por los ciudadanos, si esas mismas autoridades se encargan de castrar la democracia? Porque eso es lo que hacen al desconocer a las Juntas Administradoras Locales (JAL) y su función como base fundamental del poder popular.

Una JAL que no puede disponer de recursos del Estado como presupuesto es una inutilidad y el alcalde y el concejal que propicien esa realidad no se pueden llamar jamás demócratas. No lo son, no pueden serlo mientras desconozcan que las juntas administradoras locales son el fundamento de la estructura del Estado.

Pero, los ediles —así se llaman los miembros de las JAL— que toleren que el alcalde o el concejal los maltrate y desconozca, no tienen derecho a ser los voceros de la comunidad en la célula básica de la división política: la comuna.

Y los ciudadanos que permitan que las autoridades municipales pasen sobre las JAL no son verdaderos ciudadanos... A estos ciudadanos, que para el caso de Cúcuta son todos, vale preguntarles ¿para que eligen ediles, si permiten que nadie los respete?

Estos ciudadanos ignoran que al votar por un edil le están entregando todo su poder decisorio. Así, un irrespeto a las JAL es un irrespeto grave a la sociedad.

Sin darles a las JAL el espacio que el Estado les otorga, como en Cúcuta, el alcalde es una especie de dictador de aldea que hace mofa de la Constitución y de toda la estructura jurídica de la Nación. No es un demócrata.

En ciudades como Cali, por ejemplo, el desarrollo de las JAL ha propiciado para los ciudadanos los mecanismos necesarios para que hagan de la democracia la herramienta política que les facilite tomar decisiones necesarias y oportunas.

Allí, elegir alcalde y concejales es muy importante, pero a diferencia de acá, es más importante para todos los ciudadanos poder elegir a sus ediles, pues ellos serán, en primera instancia, quienes canalicen todas las iniciativas ciudadanas hacia instancias superiores del poder.

Con las JAL hay menos posibilidades de corrupción, de malos manejos del dinero y de otros recursos públicos, de permitirles al delito y a las malas prácticas que se entronicen en la administración del Estado. Tal vez aquí esté la razón por la cual algunos alcaldes, como los de Cúcuta, le temen a reconocer a las JAL del mismo modo que los católicos dicen que el diablo le teme al agua bendita.

Reconocer las juntas administradoras locales implica darles presupuesto para que funciones y admitirlas en las mesas de decisión de obras y proyectos, ya que ellas son las que tienen la información básica: el sentir popular en torno de los problemas y de las soluciones.

Así, la administración municipal se evita errores graves y malgasto de los recursos como pasó, por ejemplo, el año pasado, cuando al secretario de Tránsito se le dio por cerrar los giros a la izquierda en la ruta al aeropuerto, y en la tarde debió recular y dejar las cosas como estaban. Habían desconocido el sentir de los ciudadanos, del que sin duda estaban enterados sus voceros cercanos, los ediles.

Tarea fundamental de una JAL es adoptar un plan de desarrollo local, en concordancia con el plan general de desarrollo, y distribuir las partidas globales que asigne el presupuesto municipal.

Quizás aquí está el foco del problema para que los alcaldes no quieran que las juntas administradoras locales adquieran la importancia que les marcó el Estado: el manejo del dinero parece que no es un asunto democrático para los alcaldes. Y menos cuando hay compromisos de campaña electoral.

El hecho es que las JAL son una herramienta democrática, pero en las alcaldías no lo entienden así. Por eso, nada más antidemocrático que desconocer el poder popular.