La organización comunal en Cúcuta y Norte de Santander parece estar agonizando o en vías de total extinción, después que se destacara como una fuerza activa y vigorosa en la defensa y protección de las comunidades, y de sus derechos y aspiraciones.

En los últimos años, sus principales dirigentes y activistas comenzaron a ser perseguidos, amenazados, y asesinados por una peligrosa y criminal confluencia de narcotraficantes, paramilitares, bandas criminales, disidencias y otros actores armados que se abrieron paso, a sangre y fuego, hasta imponer su voluntad y su ley en nuestra región. 

Allí también han confluido y están presentes contrabandistas de gasolina, traficantes de armas, grupos de sicarios, extorsionistas, secuestradores, trata de personas, clanes explotadores de migrantes, proxenetas, es decir, todos los agentes del crimen y la maldad. Muchos dirigentes y activistas de la acción comunal tuvieron que abandonar la ciudad, esconderse o autoexiliarse para salvar sus vidas. La arremetida criminal contra los líderes comunales de Cúcuta y la zona de frontera ha sido implacable. Esta situación contrasta con la indiferencia, apatía y muchas veces la permisividad de las autoridades y de los organismos encargados de darles protección y seguridad.

Además de Cúcuta, la agresión y persecución contra los dirigentes y miembros de las juntas de acción comunal también se ha evidenciado en Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander, El Zulia, y en veredas como Palmarito y Banco de Arena.

Para algunas autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos, en veredas y barrios de Cúcuta las juntas de acción comunal han dejado de existir. Y no existen porque quienes hicieron parte de ella en su momento fueron objeto de amenazas y persecución.

A todo este trágico y conmovedor panorama hay que agregar el terrible fenómeno de la desaparición forzada, de la que también han sido y son víctimas los dirigentes y activistas comunales.

En setiembre de este año, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana en la que advirtió y llamó la atención sobre el incremento del fenómeno de la desaparición forzada, los homicidios selectivos, las amenazas contra la población civil en general y el riesgo para el ejercicio de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y dirigentes comunales en nuestra región.

La misma Defensoría del Pueblo reportó 343 homicidios de líderes sociales entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, la mayoría cometidos en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Nariño. Ciento treinta y nueve casos se registraron en la zona rural de la capital nortesantandereana.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 30 de setiembre de 2019 se registraron 454 amenazas a líderes de Norte de Santander, 235 de ellos de Cúcuta y su zona rural.

Es un doloroso síntoma que la acción comunal, concebida e impulsada como el principal núcleo de la organización política, social y cívica de nuestra sociedad, haya sido tan perseguida y atacada en los últimos años en Cúcuta y Norte de Santander que hoy se encuentre al borde de su extinción total. Y lamentable que no hayamos hecho nada o tan poco para evitar ese desastre.