A diferencia de otras instituciones y organizaciones públicas que con el paso de los años crecen, prosperan y se fortalecen por su manejo transparente y su acertada conducción, en Colombia son muchas también las que sobreviven en forma agónica por la ineficiencia y su desastroso y errático manejo.

Una de estas últimas organizaciones es la Acción Comunal que lleva más de 60 años de operación en el país, con un balance de altibajos y de más fracasos que aciertos. 

Son muchos los factores y causas de la pobrísima gestión de la Acción Comunal en el país. 

El más señalado – como ocurre en otros frentes y actividades – es el del abandono y desidia del Estado y la falta de voluntad política de todos los gobiernos para que las cosas se hagan bien y en la forma correcta. 

Se considera que la Acción Comunal es la base de buena parte de nuestra organización política y social, y el primer eslabón en la cadena de relación e intercambio entre las comunidades de base y las autoridades, organismos e instancias del Estado en todos sus niveles.

Si bien en algunas regiones del país las juntas comunales han funcionado en la forma debida, eso no parece ser la excepción y tampoco es la regla hoy. 

Un buen número de esas juntas se desviaron de su camino y se convirtieron en instrumentos de políticos, gamonales y funcionarios locales corruptos. 

También se desataron y promovieron guerras y enfrentamientos internos por las prebendas y favorecimientos, y para nadie es un secreto que en los últimos años los grupos armados ilegales declararon a muchos dirigentes como “objetivos militares”. 

Según cifras oficiales, en solo dos años – 2016 y 2017 – se presentaron 227 denuncias por amenazas y agresiones contra los dirigentes comunales. Entre enero y setiembre de 2018 se registraron 78 homicidios de estos líderes.   

Norte de Santander encabezó entre 2016 y 2017 la lista de departamentos con más dirigentes comunales amenazados, un total de 46; seguido por Cauca y Antioquia, con 17 y 16 líderes amenazados, respectivamente. 

Entre enero y setiembre de 2018, Norte de Santander ocupó el segundo lugar con más lideres asesinados, un total de 12, apenas superado por Antioquia, con 17 dirigentes muertos. 

Además de la violencia e inseguridad permanente que sufre la actividad comunal, son enormes las falencias y necesidades que dan al traste con su buen funcionamiento y operatividad. 

Las que más señalan son la falta de un marco jurídico con la normatividad clara y precisa que se requiere, y la carencia y fallas en la capacitación de la dirigencia y sus comunidades. 

La renovación de los liderazgos es de la máxima urgencia y necesidad. Hay que tener en cuenta que en la actualidad funcionan en el país o al menos están registradas en el ministerio del Interior un total de 63.833 organizaciones comunales.

En los últimos años se han promulgado los documentos Conpes 3661 y 3991 con el propósito de corregir estas fallas, pero es muy poco lo que se ha logrado. 

En el último Taller Construyendo País que se realizó en Mitú (Vaupés), el presidente Iván Duque y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ratificaron su decisión de darle un revolcón a la Acción Comunal. Y una de sus propuestas para ejecutar de inmediato es la creación del Banco para la Acción Comunal, que está basado en la participación comunitaria, la gobernanza, el impacto en el territorio y la creatividad e innovación.

Este banco se presentó como un programa del Ministerio del Interior que tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones comunales en la gestión, financiación y ejecución de iniciativas que promuevan el desarrollo comunitario de las regiones.