Es este un momento crucial para la confianza de los ciudadanos en el Estado, en especial en lo referente a la facultad de administrar justicia. Es crucial, porque por acción de la Contraloría General de la República, muy altos personajes están bajo investigación fiscal.

La razón es el mayor escándalo de dilapidación y malversación de recursos del Estado: las pérdidas por 17 billones de pesos en la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), en torno de todo lo cual, 2 ministros, 5 exministros, 31 altos funcionarios y exfuncionarios públicos y contratistas particulares, y 6 empresas pretenden pasar agachados. Nadie acepta responsabilidad alguna, ni siquiera los dos ministros actuales de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Defensa, Luis Carlos Villegas.

La desconfianza ciudadana tiene que ver con el hecho de que la Contraloría investiga a muchos de los consentidos del poder político, que ya como ministros, ya como directivos de Ecopetrol, tomaron decisiones que generaron la mayor catástrofe financiera de Colombia en su historia.

La Contraloría puede declararlos a todos como responsables fiscales de esta debacle, y condenarlos a resarcir, con sus bienes, al menos parte de lo perdido… si es que aparecen como propietarios de algo en este país de testaferros.

Pero, la fe en el sistema de justicia ganaría algunos puntos, si a algunos de estos personajes fuera llevado ante los jueces penales. Razones para hacerlo las hay, pero no se puede decir lo mismo de la voluntad política para actuar en tal sentido.

Lo que ha pasado con Reficar es algo parecido a una larga fiesta corrupta, en la que si bien los altos funcionarios del Estado y los directivos de Ecopetrol tal vez no robaron, si actuaron con tal negligencia e irresponsabilidad, que permitieron que la refinería, que el proyecto de 3.460 millones de dólares terminó costando más de 8 mil millones (17 billones de pesos), y ese dinero alguien lo disfrutó.

Ahora, cuando cobra fuerza la actitud de los ciudadanos de no tolerar más el avance de la corrupción, oficial y privada, es imperativo que se demuestre que la justicia es un servicio que no distingue entre poderosos y débiles, entre muy altos personajes y gente de a pie.

No se trata de pedir que castiguen sin justificación, pero sí, que a todos los responsables les otorguen la dosis de justicia y de sanción que les corresponda: 17 billones de pesos tirados a la alcantarilla no son una bicoca de la que se prescinde sin esfuerzo y sin sonrojarse. Es una suma cercana al 10 por ciento del presupuesto general de Colombia para 2017.

El hecho de que entre los investigados haya ministros y exministros hace de este caso un hito en la lucha contra la corrupción de todo tipo y a todo nivel. No es corrupto solo el que roba ni el que amaña en su favor o el de otro los recursos del Estado. También lo son quienes por negligencia o irresponsabilidad o desidia les facilitan a otros el paso para apropiarse de lo que es de todos.