La ambición por tener un reconocimiento que les ha sido esquivo, por razón de su comportamiento autoritario, errático y discriminatorio, y de un poder que nadie quiere otorgarles, está llevando a un reducido grupo de políticos a torpedear el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Ocurre en el Catatumbo —quizás la zona más crítica para todo el proceso con las Farc—, donde Ascamcat, una organización que dice aglutinar y defender a miles de campesinos, pretende erigirse como la intermediaria indispensable entre el Estado y los líderes comunales, hasta el punto de poner en riesgo la paz misma.

El problema es que los campesinos no quieren saber de Ascamcat, que busca imponer su voluntad en toda la zona prevalida de su abusiva Guardia Campesina y de un programa pretendidamente piloto de erradicación de cocales que contraría lo acordado entre el Gobierno, las Farc y los campesinos.

El establecimiento de la zona veredal en Caño Indio tuvo tropiezos y tardó, en parte por la interferencia de Ascamcat, que presionó a los cultivadores de coca hasta llevarlos a plantear condiciones de erradicación salidas de todo presupuesto y de lo pactado en el resto del país.

Al firmar el acuerdo como lo planteó el Gobierno, Ascamcat quedó sin piso alguno y con el antecedente de que, por su culpa, los cocaleros de la zona veredal estuvieron a punto de terminar como quien da pan a perro ajeno: al final, queda sin el pan y sin el perro.

El malestar de los líderes de Ascamcat ha sido, desde entonces, muy notorio.

El jueves pasado, durante la marcha de los guerrilleros de las Farc hacia la zona veredal de Caño Indio, ocurrieron incidentes que volvieron a exasperar a los dirigentes de Ascamcat.

Ante la supuesta presencia de hombres armados que se habrían identificado como Águilas Negras —aparición a la que nadie le otorga credibilidad alguna—, en la zona vacía dejada por las Farc, los presidentes comunales de las veredas El 40, El 60 y otras acordaron compromisos de seguridad con el Ejército.

Tampoco esto fue del gusto de Ascamcat que, con su Guardia Campesina presionó a los campesinos a bloquear el paso de los guerrilleros en Caño Tomás, hasta cuando hubiera nuevo acuerdo de seguridad que incluyera a esa organización.

Estas acciones van emparejadas con otras que pretenden darle forma a una asociación de cultivadores de coca, amapola y marihuana, algo a lo que, obvio, el Gobierno se ha opuesto de manera rotunda.

La aspiración del líder de tal asociación parece ser la de convertirse en otro Evo Morales, que llegó a la presidencia de Bolivia acaballado en el sindicato de los cocaleros de Chapare. Solo que a los campesinos del Catatumbo, eso no les interesa.

Con su actitud, Ascamcat está propiciando que los campesinos rechacen al Ejército, contrariando así el espíritu del acuerdo de paz y manipulando la opinión general, solo porque ya sus líderes no son tenidos en cuenta por los campesinos, cansados de que los presionen y los sometan a vocerías ilegítimas.

En síntesis, Ascamcat está jugando con fuego, del que siempre sabe escapar a tiempo. Basta recordar los episodios en los que esa organización secuestró a Tibú y lo anegó en sangre, para después lavarse las manos. El pacifismo y el garantismo de los que hace gala Ascamcat no son más que un discurso vacío.

Y, todo, por la ambición de poder y reconocimiento.