Llegó el momento de mirar qué sucedió con el plan de seguridad de 17 puntos anunciado hace cinco meses,  porque hoy persisten el desplazamiento urbano, el crimen y el miedo impuestos por organizaciones delincuenciales en el área metropolitana de Cúcuta.

No puede ser posible que un grupo criminal se esté apoderando del barrio Pisarreal,  en Los Patios,  expulsando violentamente a sus habitantes. También es un hecho de pérdida de capacidad de dominio del Estado,  la instalación a sus anchas, en territorio metropolitano de bandas como La Línea, El Tren de Aragua,  Los Rastrojos, Los Pelusos y la guerrilla del Eln.

Estamos viviendo en unas condiciones de extrema inseguridad en donde el ciudadano de a pie se siente desprotegido y los creyentes van con el credo en la boca, todos ellos coincidiendo en que nos encontramos en un escenario donde rondan la criminalidad y el coronavirus,  para empeorar el panorama.

Los alcaldes de los municipios de la zona,  con el de Cúcuta a la cabeza,  la Gobernación, Migración Colombia y la Policía, están en la obligación de tomar las acciones urgentes para garantizar los derechos constitucionales a la vida,  honra y cuidado de los bienes de los ciudadanos.

Por ejemplo, hay que acabar la complacencia y la alfombra roja extendida para permitir el paso sin control judicial de los venezolanos, porque en los ataques para el desarraigo de habitantes en Pisarreal se sabe que hay personas de esa nacionalidad aparte de la llegada aquí de delincuentes de altísima peligrosidad.

Y la Policía Metropolitana tiene la obligación de actuar con prontitud y contundencia porque como vamos,  llegará el momento de que para pasar de un barrio a otro tocará pagar vacuna a los delincuentes como pasa en Caracas o era común en las comunas de Medellín.

Para enfrentar estas plagas que alteran peligrosamente el vivir en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander, se requiere del apoyo del gobierno central y local. En ese aspecto,  habrá que revisar la estrategia anunciada en febrero porque pese a la pandemia del coronavirus la inseguridad persiste en un alto deterioro.

Al gobierno del presidente Iván Duque es necesario pedirle que ponga en la balanza inseguridad y problemas sociales y  económicos y proceda a ejecutar un plan de choque económico y de inversiones que impacte el desempleo, la miseria y la desigualdad.

En esta nueva realidad el mundo está llamado a comprender que con solo mas batallones o escuadrones policiales no se acaba la inseguridad,  porque aparte de controlarla y contenerla hay que erradicarla,  y esto último se hace con políticas económicas y sociales incluyentes.