A propósito de lo dicho por el secretario de Hacienda de Norte de Santander,  Oscar Gerardino, sobre el pago del impuesto de vehículos y las facilidades que se les dieron a quienes tienen deudas pendientes, es bueno que se hiciera una referencia a los carros y motos venezolanas que por haberse registrado, ahora entraron a ser sujetos de ese tributo.

Al observar las cifras entregadas por el funcionario, se nota que los contribuyentes estaban muy juiciosos en el cumplimiento de ese compromiso con el fisco regional, como lo prueba el hecho de que entre enero y febrero de este año  el recaudo correspondía al 77 por ciento de  los  $12.500 millones presupuestados.

Incluso, hasta quienes  tienen cuentas pendientes por ese concepto de otros años también estaban mostrando un comportamiento dirigido a ponerse al día, como lo muestra el hecho de que en ese dos meses el 40% de una meta proyectada en $5.880 millones hubiera sido recuperada.

Tiene lógica, entonces, el plan para la revisión de la cartera por ese concepto en este tiempo cruzado por la pandemia del coronavirus, con el ofrecimiento de rebajarles el ciento por ciento de los intereses moratorios con el propósito de que se pongan al día, teniendo el aliciente  de  que las sanciones también son perdonadas.

Se trata entonces de una buena estrategia que ayuda a las personas en momentos  como los que atravesamos, donde la salud y la economía están muy resentidas como consecuencia de esta inesperada crisis sanitaria mundial.

En este contexto, sería bueno comenzar a hacer también una referenciación sobre el registro de los carros y motocicletas de matrícula  venezolana de propiedad de personas residentes en Norte de Santander, en cumplimiento de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.

Un dato muy interesante acaba de conocerse, como es el de que hasta la fecha en que finalizó ese procedimiento  se inscribieron un total de 58.212 vehículos de placa extranjera que circulan en la región, y al parecer algunas autoridades han dicho que sería necesario otra extensión del plazo para que hasta entre 15.000 y 20.000 autos venezolanos adicionales obtengan el registro, cuestión que no parece conveniente ni justa con quienes cumplieron los requisitos y plazos dados en el decreto.

Aquí es fundamental que se logre consolidar  una base de datos sobre todos los vehículos venezolanos que están circulando en el departamento y que quedaron desde 2015 (año en el que se cerró la frontera), para después poder activar acciones encaminadas a  evitar que se favorezcan carros o motos de modelos posteriores o que sigan entrando sin control alguno.
 
Así como se ha venido reclamando-sin éxito-que se le ponga semáforo en rojo a los famosos cupos de taxis, es indispensable que se aclare si ese registro de automotores de placa venezolana no quedó cerrado, o si se va a abrir de nuevo, pues esto solo significaría un aliciente para la trampa y el contrabando.

Es necesario que las autoridades departamentales y municipales en coordinación con el Gobierno Nacional determinen de una vez por todas si ese proceso finalizó, o ha seguido funcionando o si va a haber otro plazo, para que de ahí en adelante la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la DIAN emprendan los operativos anticontrabando para incautar los vehículos que no cumplieron y todos aquellos que se encuentren de manera ilegal en el territorio colombiano sin cumplir los procesos de internación respectivos.