Colombia está entre los países con un sistema de salud de muchos vacíos que afectan a su población. No hay atención eficiente para los enfermos y la falta de programas y campañas preventivas le deja el camino expedito a males recurrentes en una proporción inquietante.

El derecho a la salud no es tomado en cuenta como debiera corresponder, lo cual está demostrado en el hecho de que para acceder a los servicios requeridos hay que interponer acciones de tutela y de cumplimiento.

Los recursos destinados a la salud tampoco son manejados con el rigor que se debiera aplicar. Por encima de la prioridad exigible se impone el interés particular y la función curativa asignada a su destinación se ve sustituida por el afán especulativo de los empresarios que tienen el control de los centros asistenciales. 

Estos se encuentran, en no pocos casos articulados al sector privado. 

La subestimación para los usuarios de estratos bajos, es decir, de menores ingresos, es bien ostensible, no obstante que la Constitución le da a Colombia el rango de Estado Social de Derecho.

El problema de la atención recortada para quienes demandan atención a su salud se extiende a las instituciones oficiales con esa función. No cuentan con los presupuestos que les permita puntualidad en los tratamientos que son de su competencia. Generalmente están en déficit y por consiguiente se ven afectados por esa situación.

Otra de las estrecheces del sistema de salud en el país son los costos de los tratamientos. 

Buena parte corresponde a los medicamentos por sus altos precios, con incidencia sobre quienes inclusive están en el régimen contributivo, a quienes no se les suministran algunos productos formulados para la curación que esperan tener.

Entre unos y otros recortes se acumulan desajustes en la atención que debe tener la salud, cuyo derecho debiera estar entre las prioridades del Estado.

Pero volviendo al tema central de esta nota, lo que preocupa es la precariedad de la atención preventiva, que debe llevar a que la población goce de mejor salud y no esté expuesta a los males que se vuelven recurrentes cuando no se cuenta con un control oportuno de alcance colectivo. 

Este debe corresponder a una política con puntualidad en la atención básica y que requiere el concurso de todas las entidades con funciones cuya finalidad es prevenir males, además de curarlos en tiempo oportuno. Y tal resultado es uno de los activos de mayor estimación para una comunidad.

Ahora que se han detectado en la región graves casos de enfermedades derivadas de los azotes del zika de que fuimos objeto hace tres o cuatro años, se tienen que activar tratamientos de curación, pero también preventivos, a fin de que esa epidemia no vuelva a tener el desbordamiento que alcanzó en 2016 en Cúcuta, cuando de 20.000 pacientes en Colombia, 6.000 correspondieron a Norte Santander. 

No se trata solamente de encender las alarmas a fin de que actúen eficazmente los organismos de salud, sino de llevar a cabo programas que pongan a la defensiva a la población en general. Es para evitar una nueva propagación de la epidemia, cuyas secuelas dejan estragos de cuidado y a veces con daños irreparables.