Quien lo creyera, el 2020, que quedará signado en la historia de la humanidad por la pandemia del coronavirus, en Cúcuta  le está ganando de lejos la carrera de las muertes violentas comparadas con 2019, cuando se creería que las medidas de la cuarentena irían a frenar y restringir drásticamente la mayoría de actividades.

Pero no. Los asesinos de la moto y los perpetradores de masacres no están confinados. Andan a sus anchas por las calles y veredas al acecho de su próximo asesinato, rompiendo como se ve todas las reglas y llevando el homicidio a tasas desbordadas.

Las frías estadísticas de este recalentamiento de violencia son más que evidentes: 160 asesinatos han ocurrido en la capital de Norte de Santander entre enero y el 12 de agosto, que equivale a un 26,9% más de homicidios en contraste con el mismo período del año pasado, que se situaron en 126 muertes.

Recordemos que el grave deterioro de la situación en la zona rural de Cúcuta- donde pululan los cultivos ilícitos, hay ‘guerra’ entre actores armados por el control territorial, los problemas socio-económicos abundan y  se registran desplazamientos y el tráfico de armas-, puso una alta cuota de muertos.

En tres de los asesinatos colectivos registrados en corregimientos cucuteños que conectan con el corredor que va hacia el Catatumbo, el saldo de muertos fue de 16, en uno de los cuales los pistoleros acabaron con la vida de ocho personas, hechos estos que deben despertar la sensibilidad ciudadana y la acción del gobierno y de las autoridades judiciales.

Es muy cierto que darle la espalda al problema lo único que acarreará son más complicaciones en donde la población civil es la directamente golpeada y la misma institucionalidad y la presencia estatal quedan en entredicho, generando las peligrosas  zonas donde la ley del más fuerte es la que impera.

A la luz de los especialistas, aquí puede estar ocurriendo que “dejaron en un segundo lugar el liderazgo relacionado con la necesidad de garantizar la convivencia y la seguridad”, como lo plantea Jairo Libreros, experto en seguridad, porque la pandemia está copando buena parte de la agenda.

Y para Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, el análisis le da para pensar que nada va a mejorar en esta zona fronteriza por la disputa a muerte entre la guerrilla del Eln y la banda criminal de Los Rastrojos, por ejemplo.

 Es todo un caldo de cultivo de la violencia con diversas texturas y sabores, en el que se encuentra la inseguridad urbana, donde a diario ocurren asesinatos en diversos sectores, algunos por posibles motivaciones de venganzas, ajustes de cuentas, entre otros.

Todo eso lleva al ciudadano del común a sentirse indefenso y en alto riesgo frente a la oleada de inseguridad, llevando a que ciertos sectores clamen porque se permita el porte de armas con salvoconductos, estrategia que tiene más efectos riesgosos que favorables.

Otros insisten en sacar al Ejército a las calles para patrullajes conjuntos con la Policía y en esa diversidad de acciones sugeridas se plantea recomponer o abolir y estructurar algo distinto a los cuadrantes de seguridad, así como hacer  más inversiones en cámaras de seguridad. La ciudad espera que así como le piden pagar sus impuestos, también al menos les sea retribuido ese esfuerzo con un mejoramiento en la seguridad.