Desde luego, más vale tarde que nunca, como sentencia el refranero. Pero hay situaciones en las que el paso del tiempo es lo peor que puede ocurrir, como en el caso de la anulación de la elección de Donamaris Ramírez  (así escribe él su nombre) como alcalde de Cúcuta.

Nadie en el Consejo de Estado ha explicado la tardanza de cuatro años con los argumentos usuales: exceso de trabajo, falta de recursos, complejidad casual y otros, con los que se justifican todas las demoras que generan la inactividad y la desidia. La verdad, no han dado ninguna razón jurídica. Y la política no pueden argumentarla…  

Porque aun en la Corte Constitucional —o con mayor razón en ella, que en otras corporaciones— la política tiene mucho que ver con la celeridad con la que los magistrados estudian los casos. Si todos los actos del hombre son políticos, al decir de Aristóteles, ¿por qué las cortes, integradas por humanos, deberían estar al margen de la política?

Y, en el caso de Cúcuta, vale preguntar: si la demora de cuatro años para producir un fallo en un proceso relativamente simple no fue motivada por meras razones políticas, que no necesariamente partidistas, entonces ¿cuál fue la razón?

Porque, a diferencia de otros procesos, en los expedientes son verdaderas enciclopedias, y los jueces y fiscales deben elaborar un acervo probatorio tal que exige muchas personas dedicadas y muchos otros recursos de todo tipo, en fin, este solo exigía probar que dos personas son hermanas. Y la ciencia lo permite: un par de exámenes de ácido desoxirribonucleico (ADN) son suficientes…

Probado que Don Amaris Ramírez París-Lobo y Carlos Eduardo Ramírez Quintana son hermanos, hijos del mismo padre, lo demás era coser y cantar. Pero, no, en las cortes de Colombia lo fácil y lo sencillo parecen no tener cabida. Todo hay que complicarlo.

Además de las lógicas dilaciones que de ordinario el procesado le aplica al proceso a través de los abogados, las decisiones judiciales en las que se involucra a personajes públicos son ejemplos claros de qué tan lenta puede ser la Justicia.

Si no, que lo diga el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para el cual no hubo problema, porque para sus magistrados no hubo parentesco de consanguinidad entre los dos Ramírez, y por lo mismo la elección estaba salvada.

La demanda planteaba que Donamaris Ramírez no podía ser candidato a la Alcaldía de Cúcuta, porque su hermano tenía autoridad civil y administrativa en la región, como agente de la Superintendencia de Sociedades.

Del Tribunal, el proceso fue al Consejo de Estado, para el que la elección de alcalde en 2011 fue nula, lo que significa que Donamaris Ramírez jamás fue la primera autoridad de Cúcuta. Nada fue cierto, salvo, tal vez, los frecuentes escándalos por manejo administrativo irregular, y las numerosas fotos en vallas y afiches en las obras públicas, en los parques, en los postes…

¿Qué efectos prácticos para la ciudad tiene el fallo? Ninguno visible. Todo lo que Ramírez hizo o dejó de hacer como alcalde queda así. Él, en cambio, puede afrontar acciones disciplinarias y penales, si alguien lo reclama así de la Justicia.

Que cuatro años después, cuando ya se fue, le digan a Cúcuta que no tuvo alcalde, en cierto modo no es nada nuevo: aún resuenan los reclamos ciudadanos por falta de acción en barrios y veredas, por carencia de infraestructura, por más recursos. En ese sentido, Ramírez estuvo ausente.

Ahora el Consejo de Estado dice: simplemente, al menos como alcalde, Ramírez no existió.