El Plan de Ordenamiento Territorial (Pot) es una herramienta técnica que le permite a un municipio planificar y ordenar su territorio, que tiene como objetivo integrar la planificación física y socioeconómica y el total respeto al medioambiente.

Cúcuta tiene el suyo. Pero, como muchos asuntos que tienen que ver con la administración municipal, el proyecto que se estudia tiene, desde el comienzo, una serie de inconvenientes que no terminan por satisfacer las exigencias éticas. 

El nombre de un exalcalde preso en La Picota por asesinato está en el foco de los intereses particulares que envuelven el proyecto, y que llevó a que Cristian Buitrago renunciara al cargo de secretario de Planeación. Sus objeciones a ciertos detalles del Pot están detrás de la renuncia…

Buitrago encontró el Pot en manos de un nuevo contratista. El anterior era una empresa en la que figuraba Eimy Suárez, hija Omaira González —entonces secretaria de Postconflicto del alcalde César Rojas—, y del exalcalde preso.

La relación madre-hija era un impedimento para el contrato; sin embargo, la Alcaldía lo aceptó.

Obligado a ello, Buitrago debía emitir conceptos sobre la nueva propuesta. Y lo hizo, en especial cuando, además de 1.694 hectáreas destinadas a expansión de la ciudad, los contratistas del estudio, la Unión Temporal Planeando Cúcuta, propusieron crear más áreas de este tipo, en sectores donde, ahora pocas dudas quedan, hay grandes intereses particulares. Buitrago se opuso a ese y otros puntos del estudio, y tuvo que irse…

Por otra parte, ha habido maniobras para evitar que los ciudadanos puedan discutir el proyecto. Convocaron a delegados de dos y tres comunas, a los que, si mucho, barruntaban del contenido del Pot, que afecta a todos los habitantes.

El plan, que determinará lo que será de Cúcuta en los próximos 12 años, y que puede dejarles a algunos interesados beneficios inimaginables, avanza en su camino. Para los cucuteños del común no hay oportunidad de conocerlo. Ni a los contratistas ni a quienes están detrás de ellos les interesa darlo a conocer como debe ser. Ya el Pot está en Corponor, que dirá si se están respetando o no los recursos del medioambiente, y llegará al Concejo, para su aprobación.

Solo que llegará en medio de la corrupción que se adueñó de la administración del Estado por estos lares, y que se traduce en contratos y dádivas para determinadas personas, para determinados sectores políticos.

Y a todas estas, ¿qué tienen que decir los órganos de control? Porque todos, sin excepción, tienen que pronunciarse al respecto.

¿Qué hará el Concejo? Puede dejar pasar el Pot para que el alcalde lo apruebe por decreto. ¿Lo aprobará? Y, mientras tanto, la ciudadanía, la fuerza moral de Cúcuta, ¿qué tiene qué decir? ¿Por qué el silencio? Los gremios son los únicos que se han pronunciado, pero tristemente sus solicitudes no han sido tenidas en cuenta ni respondidas con la pertinencia que se quisiera. 

¿Hasta cuándo, la ciudad tendrá que soportar que el cáncer de la corrupción la carcoma, sin darse por enterada? ¿Y hasta cuándo habrá que tolerar ese amancebamiento de algunos funcionarios con el exalcalde preso? ¿Hasta cuándo Cúcuta tolerará que hagan y deshagan con lo suyo, para beneficiar a muy pocos? 

¿Hasta cuándo cucuteños?