Miles de palabras y ríos de tinta han corrido para señalar que Cúcuta necesita de su cárcel municipal o los municipios del área una prisión metropolitana donde vayan los imputados y quienes tienen medidas de aseguramiento, mientras que paralelamente la Modelo es sometida a un plan contra el hacinamiento.

Han pasado varias administraciones locales y nada que se procede a la construcción de esas instalaciones para acabar el ‘infierno’ que se vive en varias estaciones de Policía, donde los detenidos se encuentran en peores condiciones como si estuvieran dentro de latas de sardinas.

De nuevo fue una tutela que reabrió el debate sobre este grave hecho del hacinamiento. La misma Policía relacionó que para el pasado 23 de septiembre en  las pequeñas celdas de las estaciones se encontraban 544 personas, cuando la capacidad apenas es para 142 detenidos.

Hay que imaginarse la situación que se registrará en esas 18 salas, en algunas de las cuales, como pasa en el CAI del barrio Belén, hay 39 detenidos, en un espacio para cuatro. No más por el mismo clima de la ciudad, la situación debe de ser insoportable.

Y en la estación Centro que cuenta con un área habilitada para que permanezcan temporalmente 16 arrestados por diferentes causas, allá se tenían a 63 personas, que en tiempos de la pandemia del coronavirus, por ejemplo, indudablemente representan un alto riesgo de contagio.

La estación de El Zulia con 23 cuando en la zona de detención temporal apenas pudieran estar 4 y en Betania, en Los Patios, que en un espacio para 7  alberga a 32, son los otros eslabones en la cadena del hacinamiento carcelario al que debe ponérsele toda la atención, puesto que también implica riesgos para la comunidad.

Dentro de los problemas paralelos que de esta dificultad afloran, se encuentran el de la inseguridad porque mucho hemos leído y oído sobre las fugas de detenidos en esas instalaciones policíacas que se encuentran en los barrios, y ahora el sanitario, relacionado con la COVID-19, y el que nunca se ha ido, que es la falta de acción para conjurar esa situación.

“Un plan para la aplicación de la Circular 041 del 28 de septiembre de 2020 sobre traslado de internos privados de la libertad en centros de detención transitoria a los respectivos establecimientos carcelarios que corresponda según su situación jurídica”, como lo indica el fallo del Tribunal Superior de Cúcuta, es la nuez del asunto.

Para poder que eso se vuelva realidad y se ponga fin a la vulneración de los derechos a “la dignidad y la vida” de los detenidos, es necesario que los gobiernos nacional y municipal, que en este caso podrían ser los alcaldes del área metropolitana, definan las acciones presupuestales, para ampliar la Modelo y construir un reclusorio para indiciados.

Mientras que ese paso no se dé en la parte netamente operativa del sistema carcelario, esta situación se hará recurrente, aunque también sería importante que la justicia revisara algunos casos en especial, para que la descongestión mediante la salida de algunos presos que ya estén a punto de terminar sus condenas y cumplan ciertos requisitos.

Así como pusimos en el titular, lo que nos está pasando es propio de un cuadro cucuteño macondiano, con un hacinamiento ‘desbordado’ en las celdas policíacas.