La indignidad generada por ese hacinamiento parece ser la pena más grande que debe pagar el delincuente colombiano.
Hacinamiento carcelario
Mientras en el norte de Europa cierran cárceles porque no hay presos o las alquilan a otros países europeos para que encierren allí a sus delincuentes, en Colombia hay cada vez más reclusos y más cárceles, en una especie de juego que parece no tener fin.
De cada tres presos en Colombia, prácticamente uno sobra en el sistema: no hay donde alojarlo, salvo los saturados, caóticos y letales pasillos de las 138 cárceles, en las que la sobrepoblación es de 56 por ciento y el hacinamiento es un verdadero horror.
En tales condiciones, la indignidad generada por ese hacinamiento parece ser la pena más grande que debe pagar el delincuente colombiano. Y no es que la proporción de presos por habitantes sea muy alta, sino que los recursos para atenderlos son y han sido siempre increíblemente insuficientes en este país.
Porque si bien el índice de 265 reclusos por cada 100 mil habitantes parece alto a primera vista, comparado con países más avanzados, es en realidad bajo: en Estados Unidos el índice es de 702 prisioneros por cada 100 mil habitantes, y en Rusia, 664.
Mientras la capacidad de todos los penales es de 78.181 cupos, los presos suman 122.020, lo que indica que hay 43.839 reclusos de más, sin que por ahora se vislumbre una solución real, acorde con las necesidades, pues el año pasado, con un panorama más o menos similar, solo hubo 1.912 cupos nuevos.
Para este año, las previsiones de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) son las de entregar 5.809 cupos más, con lo que, en dos años, la sobrepoblación sólo se reduciría en un porcentaje mínimo, si la llegada de más personas al sistema se mantiene en índices normales.
La ineficacia del programa de ampliación de cupos carcelarios se retrata de cuerpo entero en Cúcuta, donde la Cárcel Modelo tiene una capacidad de 1.270 internos, y los planes son los de entregarle 120 más en este año.
El alivio en el hacinamiento será mínimo, si se tiene en cuenta que alberga a unos 2.800 internos (una sobrepoblación de casi 120 por ciento), muchos de los cuales duermen sentados en los corredores o en los baños.
Ante el problema, en diversos sectores se han planteado soluciones que no han encontrado el eco necesario en el gobierno, pese a que han sido probadas con bastante éxito en otras partes. Sin embargo, es necesario insistir…
Una de ellas es la de privatizar parcialmente el sistema carcelario, entregar algunas prisiones en concesión, para que empresarios privados, sometidos con el mayor rigor a las normas penitenciarias, las administren, y aliviar la presión.
Otra, vigente hasta hace algunos años, es la de fundar colonias agrícolas a las que sean enviados los reclusos de mediana y baja seguridad, donde dediquen el tiempo a cultivar productos agropecuarios que podrían comercializarse para ayudar a financiar el sistema.
En Colombia hay suficiente experiencia con las alianzas público privadas, como para que se adopte el esquema a fin de aliviar la situación de las cárceles, que llevó a la Corte Constitucional a ordenar al gobierno tomar medidas ante las constantes violaciones de los derechos humanos de los reclusos, por razón de las condiciones inhumanas en que se les mantiene.
Cualquiera sea la fórmula de solución que adopte el gobierno, podría estar en mora de que se le haga realidad: son demasiados los problemas acumulados y ninguna solución, y todo parece indicar que más por falta de voluntad política que de recursos.
El hecho claro es que se debe acabar la vergüenza que, con cierta frecuencia soporta el país al ver en los medios las imágenes de la infamia en que se ha convertido cada patio y cada pasillo de cada cárcel.
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