Es una medida trascendental, con contados antecedentes en el mundo. El hecho de que haya pasado casi inadvertida, no le impedirá ser clave en todo el proceso pacificador en que está interesada la sociedad colombiana: alcanzar el fin de la guerra y cimentar una paz general y duradera.

Prohibir el porte de armas autorizadas es una medida coherente con las intenciones de hacer de Colombia un país sin guerra y en seguridad. La norma que ha estado vigente desde el pasado 24 de diciembre, muestra hasta ahora, resultados elocuentes: en diciembre y lo que va de enero, el homicidio bajó 17 por ciento en todo el país.

Ahora, durante el resto del año estaremos parcialmente desarmados, en una medida que debería hacerse permanente. ¿Qué necesidad tiene la gente de andar armada en un país donde las casusas objetivas de una guerra de casi 60 años están llamadas a desaparecer dentro de un tiempo no muy largo?

En un país como el que estamos a punto de ser, en paz, relativamente tranquilo, habrá delito, violencia, inseguridad…, pero los índices tendrán que ser, necesariamente, dramáticamente más bajos que los actuales.

La tendencia mundial es hacia la desaparición de las armas que estén sin control del Estado, y a la reducción drástica de las permitidas mediante salvoconducto. Pero Colombia deberá ser incluso más drástica.

Así, ese gran ejército privado que integran escoltas, vigilantes, guardias de seguridad, que virtualmente se toma sectores enteros de las ciudades, ya no tendrá razón de ser como hasta ahora: decenas de miles de personas armadas, constituidas en un factor adicional de intranquilidad.

Tendrán que desaparecer, como también los escoltas a cargo del Estado que cuidan a personajes para que nada les pase. Sin guerra, no hay amenazas inminentes para la mayoría de los ahora protegidos, y los escoltas tendrán que dejar de serlo. Así, el Estado tendrá una gran fuente de ahorro en sus gastos.

Un problema serio, que puede poner en riesgo el plan de desarme, tiene que ver con el hecho inquietante de que nadie, ni el Estado, sabe a cabalidad cuántas armas hay en el país. Con permiso legal son más de 800 mil, y según analistas, se calcula que por cada arma legal hay cinco ilegales.

En el fondo, hay un elemento cultural de mucho peso: la convicción de que es necesario estar armado, que cada vez es aceptada por más personas. Y, detrás de esta razón está el Ejército, que defiende la posibilidad de que puedan  armarse los ciudadanos. Hasta con cuatro armas, según expertos.

Esta situación de estímulo a armarse es, desde luego, inadmisible en un país como este, en el que hay tan altos niveles de inseguridad, de intolerancia y de insatisfacción. Pero la situación es así.

En alguna parte tiene que estar la explicación de los elevados índices de homicidio, y parece que está en la proliferación de armas: un poco más de 40 por ciento de los homicidios son por intolerancia y venganzas, y en casi todos ellos figuran las armas de fuego.

La decisión del presidente Santos de prorrogar la suspensión del porte de armas legales a partir del 31 de enero por el resto del año tiene detractores, desde luego: los proveedores de Indumil, la industria militar que las vende, pueden estar entre los opositores, lo mismo, los vendedores de seguridad.

Pero hay que insistir en que no haya armas en manos de civiles y en que el aparato militar se reduzca a las justas proporciones de una fuerza dispuesta a defender las fronteras y la soberanía del país.

Un país en paz, seguro, es un país de gentes de bien. Y las gentes de bien no tienen por qué andar armadas, ni para la defensa ni para el ataque.