En un país en el que los principios, los valores, la ética, la honradez y la palabra como prueba de garantía, además de los recursos públicos, se perdieron hace tanto tiempo, no tiene nada de raro que se extravíe una carta.

Que esa carta tuviera como fin contribuir a decidir la suerte de un acusado y que tuviera carácter oficial —era de una dependencia del Estado colombiano a otra del Gobierno de Estados Unidos— son detalles marginales que ni le quitan ni le ponen al hecho de que las cartas tienen que llegar a su destino. Y con mayor razón si la encargada de hacerla llegar es también una dependencia del Estado.

El hecho concreto es que una carta pidiendo a Estados Unidos las pruebas que dice tener de que Zeuxis Pausias ‘Jesús Santrich’ Hernández Solarte es uno de los principales narcotraficantes de las extintas Farc llegó a Panamá, de donde no siguió su camino a Washington.

¿Por qué y cómo sucedió? Aún no se sabe, pero, para el caso, no importa, y el proceso judicial simplemente deberá seguir con las pruebas que la Fiscalía General de la República dice tener contra ‘Santrich’.

Lo que sí importa es tener en cuenta que esta no es la primera carta que se extravía, ni 4-72 es la primera empresa de correos a la que le ocurre lo que le sucedió. No parece exagerado decir que cada persona tiene una historia similar, de una carta que nunca llegó y de una empresa que falló.

Por eso, resulta más que exagerado plantear que, con base en el episodio de esta carta, se liquide una empresa del Estado que, por otra parte, les presta a los colombianos un buen servicio, y a tarifas más bajas. Que otras compañías, con todos los recursos de la tecnología a su disposición, no estén en el ojo de la opinión, no significa que allí no extravíen cartas y paquetes.  

El extravío no debió ocurrir, pero se puede pensar que situaciones así se calculan como posibles en la lista de riesgos. Estados Unidos ha tenido fracasos estruendosos, víctimas incluidas, con accidentes que no debieron ocurrir con su programa aeroespacial, y sin embargo, ni una sola voz ha pedido liquidar la Nasa.

En ese orden de ideas, y si hablamos de ineficiencia y de errores y de fallas, habría que pedir el cierre del Congreso y de las Cortes y todos los juzgados, y del propio Gobierno central y de todo el sistema de salud y, en fin, del Estado mismo. 

La ineficiencia de todo el aparato oficial, extensiva a muchos sectores privados de la economía —constructores de puentes, edificios y carreteras, por ejemplo—, es razón suficiente para ponerlos fuera de circulación de inmediato.

Desde luego, hay momentos en que a cualquiera le dan ganas de exigir que todo se haga de nuevo, como mecanismo para establecer, desde el comienzo, las reglas necesarias para liquidar, para siempre, la corrupción y la ineficiencia y la increíble burocracia inepta y paquidérmica.

Pero, claro, hay que tener sindéresis: una carta no da para darle muerte a 4-72, solo porque se relaciona con un excomandante de las Farc acusado de ser narcotraficante. Así que, mejor, quienes piden acabar con el correo oficial, mejor guarden energías para otras luchas que debemos dar todos los ciudadanos con todo el aparato de Gobierno, en busca de que Colombia no se involucre en guerras de otros países, por ejemplo…