Contra todas las advertencias y señales de alerta de los organismos de control, los llamados de atención de varios concejales, los reclamos y cuestionamientos de las veedurías cívicas, y voceros de las comunidades, el secretario de Planeación Municipal, Jorge Omar Gandolfo, adjudicó por su cuenta y riesgo el controvertido contrato para la interventoría del relleno sanitario Guayabal, cuyo costo que sobrepasa los 10.000 millones de pesos van a tener que pagar los usuarios del servicio de aseo en Cúcuta.

Y lo hizo con la arrogancia y prepotencia que caracteriza a nuestros burócratas de medio pelo, sin tener en cuenta las objeciones y las órdenes expresas de su superior jerárquico, el alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala.

En carta que publicó este diario el pasado martes, el alcalde Rojas Ayala expresó al jefe de Planeación no entender en qué norma o acto administrativo se basa su funcionario subalterno para adelantar este proceso “siendo que por disposición legal la competencia para dirigir licitaciones o concursos, y para celebrar contratos estatales en el ente territorial, es del alcalde”.

Según el jefe de la administración municipal, la oficina a cuyo frente se encuentra el señor Gandolfo no está facultada para adelantar el proceso contractual del relleno sanitario en las condiciones que se han conocido, y, además, por no contar el municipio con la asignación presupuestal para desarrollar dicha gestión.

Esto quiere decir, ni más ni menos, que el secretario de Planeación ha usurpado funciones y facultades que no le competen, pues son del exclusivo resorte y responsabilidad del Alcalde de Cúcuta.

Y como lo sostienen varios juristas, el jefe de Planeación estaría incurriendo en abuso de poder y extralimitación de funciones. 

Este funcionario no atendió el pedido del alcalde, su superior jerárquico, de suspender en forma inmediata el citado proceso contractual, sobre el cual también está en curso una tutela interpuesta por la empresa Veolia, la concesionaria del servicio de aseo,  que considera que sus compromisos contractuales fueron modificados unilateralmente por el municipio, y se vulneraron sus derechos. 

Las consecuencias que se vienen por la adjudicación de este nuevo contrato por el secretario de Planeación Municipal no serán de poca monta. 

El alcalde lo advierte al conminarlo para que adelante las acciones legales que correspondan, “a efectos de evitar comprometer los recursos públicos por vía indemnizatoria a través de acciones judiciales, que con seguridad se intentarán interponer, por cuenta de este procedimiento irregular por usted adelantado, comprometiendo incluso mi responsabilidad como representante legal del Municipio San José de Cúcuta”.

Consecuente con lo que expresa en su carta al jefe de Planeación Municipal, el alcalde Rojas Ayala debería acudir hoy mismo ante los tribunales, autoridades y entidades competentes a denunciar el contrato de la interventoría del relleno sanitario y al responsable de su trámite e irregular adjudicación. 

Como él mismo lo dice, “está comprometida su responsabilidad como representante legal del municipio”.

Como señalamos en días pasados en este mismo espacio, es lamentable que ni la Personería Municipal ni el Concejo de Cúcuta se hayan pronunciado y pasen de agache frente al nuevo atropello que se ha estado fraguando contra los 226.000 usuarios del servicio de aseo, quienes tendrán que pagar de sus bolsillos en los próximos seis años, más de 10.000 millones de pesos por la irresponsabilidad de un funcionario abusivo, que nadie puede entender porque aun permanece  en su cargo.

O si es entendible: todavía le falta adjudicar más contratos leoninos como este del relleno sanitario.