El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) no miente y tampoco tendría por qué hacerlo. Luego la acción, la explicación, la investigación y, si es del caso la sanción, quedan en manos del gobierno de Venezuela que ante una de sus tantas inacciones está favoreciendo un territorio dominado por la muerte en su frontera.

La anterior referencia tiene que ver con un espeluznante suceso relacionado con la ola sangrienta que sacude la línea divisoria entre el estado Táchira y Norte de Santander, donde extrañamente y aparentemente sin ninguna excusa valedera, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) no hace la diligencia de levantamiento de los cadáveres de las víctimas de la violencia en su frontera.

La Opinión ha relacionado la aparición de diez cadáveres de personas asesinadas en la zona fronteriza venezolana, pero que por razones de carácter humanitario han sido recogidos por la Policía colombiana para entregárselos a sus deudos.

Esa sistematicidad en negarse a hacer este trámite, conlleva a que finalmente en ninguna parte aparezca oficialmente que ellos murieron a manos de las organizaciones que a sangre y fuego manejan las trochas, los negocios ilegales e imponen, ni mucho menos que sus crímenes se investiguen.

La manera de actuar del CICPC le está extendiendo una ‘patente de corso’ a  la masa criminal que ha montado su imperio del mal, para que en esa ‘zona fantasma’ secuestren, torturen y maten a sus anchas, sin temor a ser identificados, perseguidos, judicializados y condenados, puesto que esos asesinatos en el mundo judicial no existen, y solo quedan para los anales de la historia las crónicas periodísticas basadas en las versiones de las familias.

Dónde están la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que activen a sus instancias de derechos humanos y discutan lo acontecido en las áreas de Ureña (al frente de Escobal) y San Antonio (al frente de Villa del Rosario) donde han aparecido en los últimos meses los diez cadáveres acribillados a balazos, pero cuya muerte violenta se fue para el limbo.

Además, alguno o varios países pudieran tender un delgado puente, en medio de las rotas relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, para que en aras de garantizar la seguridad binacional, para sus dos pueblos, haya una definición de puntos de un acuerdo entre organismos judiciales  para abordar el delicado asunto y cada país responsabilizarse de sus muertos caídos en acciones violentas.

Hay que insistir, que darle permisividad a un ‘corredor del infierno’ en la frontera, solamente va a conducir a que La Línea, el Eln, Los Pelusos, Los Rastrojos, Los botas de caucho y otras bandas, tengan ahí el sitio ideal para sus matanzas, sin el riesgo de pagar por ellas ni que les armen procesos judiciales.

Se trata de un grave error del CICPC y su práctica de abstenerse de practicar el levantamiento de los cadáveres, porque tratar con esa manera de actuar de mantener reducidos los niveles de homicidios, lo único que hace es transformar la ya de por sí inestable frontera en área propicia para la impunidad, con unas trochas tomadas por delincuentes que deciden quien vive y quien no, asumiendo poderes de dioses del mal.