La necesidad es de extrema urgencia. La investigación de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht no da espera, en especial desde cuando apareció el nombre del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, vinculado a unos episodios graves, por lo dolorosos para una familia, y por el carácter criminal del que están revestidos.

Para ello, la Corte Suprema de Justicia tendrá que hacer esfuerzos a los que no está acostumbrada, y en el menos tiempo posible designar un fiscal honorario, o ad hoc, en respuesta al llamado de la vicefiscal María Paulina Riveros, preocupada, como la mayoría de los colombianos, por la imparcialidad y la eficacia con las que se debe procesar toda la información surgida en los últimos días, y que en cualquier país hubiera provocado la renuncia de Martínez, no tanto porque sea responsable de lo que lo acusan, sino porque así se garantiza que no habrá interferencia alguna.

Sin embargo, desde ya, se debe pensar en una solución diferente de la del fiscal honorario: una fiscalía ad hoc, es decir, un pequeño aparato investigador y acusador, independiente de la fiscalía general, parece más adecuado.

Así lo propuso el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y sin duda la razón lo acompaña.

Un fiscal dependiente de la fiscalía general, aunque se trate de una persona idónea, honrada y capaz, será siempre la imagen de la fiscalía. Es decir, todas sus decisiones estarían revestidas, ante la opinión, de un manto de duda que llevaría a pensar en que de sus investigaciones no está exenta la posibilidad de la impunidad.

Vivimos en el reino de la suspicacia, y las consecuencias se viven día a día, y más si se tiene en cuenta que ese fiscal que nombre la Corte tendrá que valerse, en razón del conocimiento que tienen del proceso, de subalternos del fiscal Martínez.

En cambio, un organismo reducido, pero con personas de altas calidades, sin vínculo alguno con la fiscalía, generaría confianza y credibilidad, las necesarias para que el país honrado deje de sentir la vergüenza que lo invade, en especial si hechos como los denunciados por Jorge Enrique Pizano en relación con el fiscal Martínez, y otras, sobre el mismo funcionario, denunciadas ante la fiscalía de Estados Unidos, en relación con propiedades que al parecer él tiene en ese país —también en España, según denuncias periodísticas— y de las que el Estado colombiano no tiene noción.

El hecho de que Martínez se haya declarado impedido para investigar hechos como los sobornos monumentales de Odebrecht —él era el abogado de una empresa vinculada a la construcción de la Ruta del Sol—, no parece suficiente para la opinión pública, cada vez más hastiada de escándalos sin sanción, de impunidad obscena y reiterada, de poderosos que se creen por encima de la ley, inmunes a los procesos judiciales y a las sanciones.

Desde luego, para crear un organismo así se requiere de más tiempo. El caso de Odebrecht es de urgencia, y hay que salirle al paso de inmediato.

Se trata de salvaguardar no solo la eficacia de la Justicia, sino la institución de la fiscalía como arma esencial de la sociedad para garantizar el imperio de la ley.