De un presidente de la República se espera que esté preparado y dispuesto a ofrecer las respuestas que la sociedad necesita, cuando ella las necesita, es decir, sin justificaciones como la de que apenas va un mes de gobierno…

Los problemas exigen respuestas y soluciones inmediatas.

Y, en este momento, hay varias inquietudes sobre las cuales el presidente y sus ministros no se han preocupado siquiera por demostrar que están enterados. Prefieren la política de darles largas a todos los asuntos, en procura de que quizás los ciudadanos los olviden o se cansen de esperar.

Uno de estos asuntos se relaciona con el nombramiento del destituido procurador Alejandro Ordóñez como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), organización a la cual el recién nombrado se ha referido varias veces con términos destemplados, cuando no desagradables y desafiantes.

El hecho de que haya sido destituido por actos corruptos entra en definitiva contradicción con la política de Estado adoptada hace tres días de combatir a fondo la corrupción. Con base en esa decisión, iniciativa del propio Iván Duque, tal vez la pregunta no sea cuándo lo reemplazará, sino con quién. Hay que ser coherentes.

Mantener la decisión puede resultar ofensivo para la OEA y sus organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), a la cual Ordóñez calificó como “un órgano político que pretende intervenir en la política colombiana”, porque la entidad se opuso a la destitución del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, porque no se puede destituir a los funcionarios elegidos popularmente. Es fácil imaginar la reacción de varios países para los que hoy Colombia es blanco de sus críticas en el organismo hemisférico.

Una carta firmada por decenas de miles de ciudadanos y enviada a Duque, exige revertir la decisión de designar al corrupto Ordóñez. El presidente no puede hacer oídos sordos. El canciller Trujillo, tampoco, así Ordóñez se haya trasteado en solitario al Centro Democrático (CD).

Otro problema grave tiene que ver con la necesidad de que los dineros del Estado en el Fondo Ganadero, que según el contralor general, Edgardo Maya Villazón, maneja irregularmente el controvertido presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, tengan otra administración.

Lafaurie estuvo aspirando al cargo de Maya, pero solamente con su nombre en el listado de opcionados, se desató una tormenta que aún no termina: ¿cómo podría Lafaurie ser contralor, si su esposa es senadora del Centro Democrático de Duque, y él mismo es defensor de las ideas de esa colectividad política?

Por fortuna, el escogido fue otro.

Pero, de todas maneras, el volumen de los rumores es creciente, en razón a que en los días de la anticorrupción, el más alto liderazgo de la lucha contra ella calle ante situaciones que, si bien no la amparan, al menos la toleran, como pasa con Ordóñez y los dineros de los subsidios ganaderos.

Maya se va ya, pero sigue insistiendo en que esos dineros están en peligro. Es de esperar que cuando ya no esté, alguien —por supuesto Duque y su ministro de Agricultura— caigan en la cuenta de que siempre ha tenido la razón. Ojalá…