La explicación, en términos ramplones, es que algunos sectores, relacionados de alguna manera con el crimen, le están midiendo el aceite al Gobierno, ante una percepción creciente de que algo hace falta. Hay quienes creen que es gobierno…

Lo ocurrido en el Cauca, donde unas 500 personas de Argelia retuvieron a la fuerza a 60 militares y funcionarios de la Fiscalía para oponerse al despegue de un helicóptero con cocaína incautada, y el bloqueo de la Carretera Panamericana por habitantes de Patía para impedir el paso de autoridades que llevaban a un miembro del Eln capturado, son señales preocupantes. En realidad, muy preocupantes.

Superficialmente es fácil atribuir a la coca, la razón de fondo de lo ocurrido. Pero, la verdad, hay que apuntar a la falta de Gobierno y, obvio, de Estado. No hay presencia integral en las zonas cocaleras, que son las zonas donde aún la guerra no se ha ido del todo. Las meras promesas no son, no pueden ser, todo lo que se pueda ofrecer a los campesinos dedicados a cultivar productos ilícitos. Hay que cumplir.

Y cumplir ya, sin excusas, sin derivar la responsabilidad al pasado ni a una inexplicada falta de dinero para materializar los acuerdos, que son del Estado, y no del pasado Gobierno. Porque los contribuyente se preguntan: si hay dinero para la compra de armas, ¿por qué no para cumplir los compromisos del acuerdo de paz?

Los dos episodios del Cauca son, lo dice la experiencia, los primeros. Ya en Norte de Santander ocurrió algo similar hace pocos días, cuando una turba apedreó los vehículos de una patrulla militar que, se deduce de un video, les incumplió un compromiso sobre el que hasta ahora el ministerio de Defensa no ha explicado. La serenidad de los soldados impidió allí, como en Cauca, una matanza.

La presencia del Estado que exigen en zonas cocaleras, como el Catatumbo, implica no privilegiar, como es hasta ahora, el componente represivo, sino todos los demás: dinero para los campesinos que se comprometieron a sustituir de manera voluntaria sus cocales, salud, educación, carreteras, puentes, créditos…

Porque, como están las cosas, en esas zonas de cocales son más eficaces el narcotráfico, la subversión, el crimen organizado, las organizaciones que defienden los cultivos ilícitos y otros, que el Estado, que envía y envía militares y policías que nadie ve y que ninguna eficacia demuestran con los que tienen que combatir.

Es explicable la reacción popular: si las mafias mexicanas, los reductos de la subversión y los narcotraficantes colombianos les permiten ingresos para comer al menos, pues los campesinos los defenderán hasta con las uñas. Pero ¿qué podrían argumentar esos mismos campesinos para defender al Estado? Realmente, nada.

La verdad, y probablemente al presidente, al Congreso, al partido de gobierno y a otros no les guste saberla, es que, o se ponen las pilas, como dice el pueblo, o las cosas se pondrán castaño oscuro antes de que en Bogotá se den cuenta. Y no es que estemos asumiendo el papel de casandras tropicales, es que el centralismo es un mal eterno que se caracteriza por creer, en el colmo de la soberbia, que el país es lo que se ve por los ventanales de las oficinas del Gobierno.

El país es mucho, mucho más, y aloja a mucha gente disgustada e impaciente.