Definitivamente la capacidad y disposición de los colombianos para hacer trampas y marrullas no conoce límites. Nuestra proclividad a las prácticas delincuenciales y criminales es permanente y así lo prueban las noticias que a diario publican los medios de comunicación.

Por estos días estamos enfrentando lo que parece ser una nueva arremetida de la corrupción que se ha extendido por todo el país: la de las falsas víctimas del conflicto armado que desangró a Colombia en los últimos 60 años. 

No contentos con los llamados falsos positivos, los carteles de los falsos testigos, los ricos que simulan ser pobres y logran colarse en el Sisben con certificados falsos, las falsas denuncias y testimonios, los diplomas falsos de estudios, los falsos permisos y constancias para construir edificios que luego se derrumban, los billetes falsos, de entre un largo etcétera, las autoridades enfrentan ahora el reto de poner freno a esta situación aberrante descubierta en la Unidad de Víctimas, buscar a los responsables, ponerlos a buen recaudo y tratar de recuperar los ingentes recursos que se desviaron hacia personas o entidades que no se los merecen.

Según el Registro Único de Víctimas, 8’839.146 personas están aquí registradas como afectadas o damnificadas del conflicto armado. Hasta la fecha han sido reparadas 840.293 y se han  invertido 6,15 billones de pesos en este proceso, tras la firma de los acuerdos de Paz con las Farc y según los informes oficiales.

De acuerdo con una amplia revisión de los archivos y registros de la Unidad, cada día se detectan 115 falsas víctimas, por lo que 34.000 hombres y mujeres supuestamente en esta condición han debido ser excluidas de los beneficios de los programas respectivos. Es decir, estamos hablando de más de 200.000 falsas víctimas de la guerra.   

Mucha de ellas – o la gran mayoría – fueron objeto de estafas masivas y de engaños por parte de grupos de delincuentes organizados. Es posible que éstos hayan tenido la colaboración y la complicidad por parte de funcionarios de la Unidad, por lo cual se adelantan las averiguaciones correspondientes. 

Las investigaciones internas en la Unidad han permitido a las autoridades establecer que entre los promotores y responsables del cartel de las falsas víctimas estarían grupos políticos y algunos candidatos a cargos de elección popular, los que aprovechan precisamente las épocas electorales como la presente. 

Las investigaciones realizadas dejan hasta ahora 56 capturas y 16 condenas.

Para el director de la Unidad, Ramón Rodríguez Andrade, los delincuentes autores de estas tropelías “se aprovechan de las víctimas para su lucro personal, cobrando por trámites y exigiendo comisiones”.

Con el Banco Agrario, operador bancario de la Unidad, y con la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ha puesto en marcha un plan especial de seguridad en este aspecto, se han extremado los controles y aumentado los puestos de información en todo el país para conocer de primera mano las quejas y denuncias ante cualquier fraude, extorsión o falsedad de información.