Está bien que el Estado —todos los colombianos— pague por su responsabilidad extracontractual, es decir, aquella que le compete cuando sus funcionarios no cumplen con sus obligaciones y con ello se deriva un perjuicio para las personas.

Tiene que pagar, por ejemplo, cuando por negligencia, como la demostrada por la administración de Cúcuta en relación con los semáforos, alguien resulta perjudicado por razón de que en un cruce de calles las señales de tránsito no estaban funcionando, como es lo que se espera cuando son bien mantenidas.

Pero, ¿por qué tendría pagar cuando los errores son de las personas, movidas por su propia irresponsabilidad, por su ambición desmedida o por desconocimiento total de las normas legales?

Desde hace muchos años se tiene la convicción, fundada en los hechos, de que el Estado colombiano pierde todas las demandas en su contra, demandas que año por año le cuestan miles de millones de pesos al tesoro público, que es el tesoro de todos.

Pues, al menos en un caso, parece que no perderá, y que al menos 46 billones de pesos no irán a engrosar las cuentas corrientes de los abogados y de sus clientes, como es lo acostumbrado, entre otras cosas, porque se supone que el Estado no tiene quién lo defienda de la voracidad de algunos demandantes profesionales.

Un juez de Pasto abrió el camino para que el Estado ahorre esa exorbitante suma que le reclaman algunas personas estafadas por las llamadas pirámides. El juez le negó a una mujer una demanda por 600 millones de pesos que le estafó una empresa ilegal, y dijo que fueron los ciudadanos y no el Estado, los responsables de la estafa, por dar su dinero a entidades no autorizadas.

Como el de la mujer, hay otros 339 casos pendientes, de ahorradores que vieron una oportunidad de ganar grandes sumas a través de las pirámides, y los robaron. Los cálculos indican que tales demandas aspiran a que el Estado les pague 43 billones de pesos, porque consideran que la Superintendencia Financiera no hizo lo que tenía que hacer para evitar la estafa.

Al menos 500 mil personas resultaron estafadas por tales pirámides desde 2008, y miles de ellas han planteado demandas de grupo que, con el fallo del juez de Pasto, se enfrentan a la posibilidad de ser negadas.

“Es la propia demandante quien, con su falta de elemental previsión y prudencia, propició la materialización del daño que ahora, esgrimiendo su propia anuencia al riesgo que convenientemente desatendió ante la promesa re recibir dividendos exorbitantes y a muy corto plazo, pretende endilgar a las entidades demandadas”, dice el juez en su fallo.

Según el juez, fueron los propios ciudadanos quienes se expusieron a las estafas, al invertir en instituciones no autorizadas para captar dinero del público y al pretender que les pagaran intereses exagerados que “eran de por sí sospechosos”.

Si una persona genera daño contra sus intereses a sabiendas de que su decisión de arriesgar su dinero no sigue los lineamientos legales —las pirámides estaban fuera del sistema financiero regulado—, no es jurídicamente procedente que este (el daño) sea indemnizado por el Estado, argumenta el fallo.

El fallo está en consulta ante el Consejo de Estado que, de ratificarlo, le estaría dando al fisco un respiro de 43 billones de pesos, una suma tan grande que no es fácil de imaginar, pero que cada colombiano tendría que pagar.

Y, de paso, estaría demostrando que el Estado, al menos en este caso, sí tuvo abogados que lo defendieran y evitaran que la opinión pública siga pensando que demandar a la Nación es un negocio que no tiene pierde. Sí lo tiene.