Creada para buscar una mejor administración de servicios públicos e integrar a Cúcuta y los cinco municipios vecinos más cercanos, el Área Metropolitana (AM) solo parece producir escándalos, algunos relacionados con prácticas poco éticas. Al menos eso es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos.

Cuando no es que uno de sus principales funcionarios es obligado a irse bajo presiones de su jefa y de algunos alcaldes, porque se opuso a algunas acciones muy oscuras en relación con el transporte colectivo, entonces es que un censo de taxis no lo ha podido terminar, porque cada vez aparecen más y más vehículos.

Según fuentes allegadas a la industria del transporte urbano, lo que en 2015 era un parque automotor de 6.922 taxis, según los empresarios, hoy ya son 8.878, al parecer sin contar unas 2.000 resoluciones autorizando más vehículos, lo cual llevaría a que en la zona operen unos 11 mil taxis, cifra que sería adecuada para las grandes ciudades como Medellín o Cali.

Más allá de si estas cifras son exactas o no, es necesario hacer referencia al hecho difícil de aceptar de que en tres años no ha sido posible hacer un censo del parque automotor de taxis. Quizás sea porque cada día aparecen más peticiones de cupo, pese a que la asignación está cerrada desde hace mucho tiempo.

En diversas oportunidades se ha consultado al AM sobre las razones por las cuales un simple conteo de los vehículos ha tardado tanto tiempo, y no ha sido posible una explicación, ni clara ni menos clara. Simplemente, el AM ha guardado silencio.

¿En qué irá a terminar este censo eterno? No es posible preverlo, pero, como van las cosas y como es costumbre en el AM, podría ser en algo inesperado.

Esto de los taxis se suma al episodio de la renuncia forzada del subdirector de Valorización y Transporte del AM, José Gregorio Botello, en episodios que, por las connotaciones de los actos jurídicos, terminó en procesos penales que avanzan en la Fiscalía.

Y sobre las causas de la renuncia de Botello y las presiones ilegales que los alcaldes del AM ejercieron sobre él, tampoco se conoce una declaración oficial. Es como si esa dependencia fuera una empresa privada, y no un ente público al que se sostiene con el dinero de los contribuyentes.

Para nada ha servido el Código de ética del que se ufanan allí, y que, según el AM, “se constituye en el compromiso esencial de todos los que hacen parte de la entidad de desarrollar nuestras tareas dentro de parámetros éticos y conductas íntegras que contribuyan al mejoramiento continuo de nuestra gestión, con lo cual se verán beneficiados nuestros usuarios y comunidad metropolitana en general”.

Estos escándalos han permitido reflexionar sobre la utilidad de ese fortín burocrático. ¿Cuál ha sido su aporte, por ejemplo, en beneficio de la movilidad de Cúcuta y sus vecinos? ¿Qué ha hecho en materia de servicios públicos?

A más no poder, hace pocas semanas, el alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, dejó entrever la posibilidad de retirar a su municipio del AM.

“El año pasado se aportaron unos 800 millones de pesos y solo para el primer trimestre de este año se giraron 450 millones de pesos, es decir, estaríamos pasando los 1.500 millones de pesos para esta vigencia”, dijo. “Cúcuta aporta $500 millones, Los Patios, $40 millones, San Cayetano 10, y no puede ser que aportemos más que ellos”.