Salvo otro taxista, nadie en Cúcuta se queja más de su trabajo que un taxista. Para ellos, el peor negocio actual es el transporte individual de pasajeros.

Sin embargo, muchas personas estarían dispuestas a hacer lo que fuera por obtener una licencia de taxi. Y los alcaldes colombianos lo han entendido así.

Las licencias son gratuitas y se otorgan en la medida en que haya necesidad de mejorar el transporte público. Pero, por razón del negocio, la presión sobre las licencias es enorme, hasta el punto de que en la zona metropolitana de Cúcuta, los dueños de licencias las ceden por primas de entre 35 y 40 millones de pesos.

Así, y aunque parezca exagerado, el precio de un auto nuevo para taxi pasa a un segundo plano: en verdad, algunos carros valen menos que la licencia con la que será puesto a trabajar como taxi. La razón está en que no hay control sobre la cantidad de licencias.

Los alcaldes del Área Metropolitana de Cúcuta acordaron en 2013 congelar el parque automotor de taxis y, por lo mismo, el otorgamiento de nuevas licencias.

Y, en teoría, Cúcuta, Villa del Rosario, El Zulia, Puerto Santander, El Zulia y San Cayetano no volverían a tener más taxis de los que existían hasta entonces.

Pero, según la propia Área Metropolitana, las cosas no ocurrieron como se había decidido, pues, exactamente en ese año, ocurrió una especie de explosión de licencias para taxis, sobre la que no hay explicación diferente de una enorme irresponsabilidad de los alcaldes que recién dejaron sus cargos, que incumplieron su compromiso, o, como sugieren ellos mismos, hubo una masiva falsificación.

El hecho concreto es que, hoy, nadie tiene explicación lógica, mucho menos una justificación, para 2.163 licencias para taxis, expedidas por los alcaldes del área, con excepción de Cúcuta.

La Subdirección de Transporte del Área Metropolitana no tiene ni idea de lo ocurrido, pero inició una investigación cuyos primeros resultados le generan más interrogantes de los que tenía, pues en las alcaldías no hay archivos de nada. “De la administración anterior (de Carlos Socha) no dejaron nada”, explicó el nuevo secretario de Tránsito de Villa del Rosario, Sandro Duarte. Solo aparecieron 121 carpetas con resoluciones (cada resolución equivale a un taxi), pero ningún estudio para justificar el aumento de cupos.

Y la situación es igual en los demás municipios, donde se registran hechos realmente llamativos: para San Cayetano, pueblo de unas 30 manzanas, aparecen tantas licencias —126, de las cuales ya hay 19 legalizadas—, que si los cupos se materializaran, los habitantes podrían escoger entre cuatro taxis por cuadra…

Las 2.163 licencias otorgadas hacen subir a casi 10 mil —un censo dice que hay 7.815—, los taxis para Cúcuta, que tendría así una sobreoferta que quizás sí comenzaría a hacer ruinoso el negocio. Y con mayor razón si se añade el fenómeno de la piratería, contra el cual hasta ahora tampoco ha podido autoridad alguna.

Desde luego, en alguna parte tiene que estar la explicación de un hecho que podría revestir características delictuosas e implicar a muchas personas, porque lo ocurrido no es algo que puedan hacer dos o tres personas. Y, si como algunos de ellos dicen, los alcalde nada tuvieron que ver, la tarea de investigar tiene que dejar la instancia meramente administrativa del Área Metropolitana y las alcaldías y vincular a los órganos de control —a todos, por supuesto— y a la Justicia.

Porque si en San Cayetano nadie necesita taxi para ir de un extremo al otro de un pueblo de seis cuadras de largo, autorizar 126 cupos es una acción que deja mucho qué pensar. Las cosas así pasan de castaño a oscuro, y alguien tiene que aclararlas…