Sin duda, las circunstancias de Cúcuta y de Norte de Santander son, desde hace mucho rato, por lo menos inquietantes. Realmente, están así desde cuando el cierre unilateral de la frontera y la hecatombe económica venezolana obligaron a los venezolanos a huir por miles.

En los últimos días, salvo por el enorme ruido mediático generado en torno de la ayuda solidaria de Estados Unidos y otros países, nada ha cambiado de modo drástico como para que el gobierno departamental tome medidas extraordinarias como la declaratoria del estado de calamidad.

Declarar estados de excepción, como el originado en una calamidad pública, permite, como consecuencia, un estado de excepción jurídico, durante el cual los sistemas de contratación del Estado cambian, se hacen expeditos y permiten que los ordenadores del gasto actúen según su buen criterio, casi sin otros requisitos.

Es posible que, en este caso, la declaratoria del régimen de excepción tenga más fundamentos políticos que jurídicos, pero, aun así, no quedan satisfechas las inquietudes de la opinión pública en torno de la oportunidad de las decisiones.

Si la razón tiene que ver con los hechos generados por la inmigración masiva y sin control efectivo, ¿por qué, por ejemplo, no se adoptaron medidas similares cuando nos dimos cuenta del impresionante rosario de caminantes al que se le iba la vida paso a paso, descalzos y con hambre, por carreteras nortesantandereanas?

El presupuesto fáctico de este tipo de declaratorias consiste en la ocurrencia de hechos sobrevinientes que perturben el orden económico, social y ecológico, o que constituyan grave calamidad pública, hechos que no puedan ser conjurados mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades.

Así, además del ingreso masivo de extranjeros, ¿cuáles son, entonces, esos hechos sobrevinientes, es decir, derivados de qué situación, desencadenados de la manifestación “de uno o varios eventos naturales o derivados de la acción humana, no intencionales”, que están afectando al departamento?

Han ocurrido hechos trágicos que han desatado consecuencias muy graves en la sociedad nortesantandereana —voladuras del oleoducto y la consecuente y gravísima contaminación de fuentes hídricas, guerra entre dos guerrillas que solo atinaban a afectar a los civiles…— y nadie se apresuró a pedir la declaratoria de un estado de excepción para atender a las víctimas. ¿Por qué, entonces no, hoy sí?

En el caso de los paquetes de ayuda depositados en el puente de Tienditas, que involucra a funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, por una parte, y a Venezuela, por la otra, ¿qué tenemos que ver los colombianos, si no tenemos más que solo interés en que los medicamentos y los alimentos lleguen a la gente de Venezuela que tanto los necesita? ¿Qué consecuencias graves para la comunidad se pueden derivar de ello?

A no ser que el gobierno departamental sepa algo que la ciudadanía ignora, y que se esté pensando en que el paso de la ayuda solidaria al país vecino pueda terminar generando, de alguna manera, un desplazamiento masivo de venezolanos hacia este lado de la frontera. 

Si no es así, realmente es difícil entender por qué la declaratoria cobra sentido en este momento y no antes, cuando empezó a hacerse evidente la necesidad de tomar medidas para atender la cantidad de gente que a diario ingresaba a Colombia por este territorio y las demandas casi incontenibles en materia de salud, educación, empleo y seguridad.