En realidad, la protesta de los refugiados en el albergue de Interferias se había tardado, muy probablemente en espera de un pretexto que le diera visos de justicia y la hiciera comprensible de la ciudadanía. Y el pretexto, mejor, los pretextos, llegaron en un camión y se fueron en otro hacia una bodega.

El hecho de que unas cocinetas no les hayan sido entregadas a las familias del albergue fue solo el disparador de la protesta, incubada desde cuando fueron quedando menos personas a las que la posibilidad de recibir atención gratuita prolongada se les iba haciendo lejana, esquiva, a medida que pasaban los largos días de tedio remunerado.

El Puesto de Mando Unificado (PMU), encargado por el gobierno para canalizar toda la ayuda necesaria para deportados y repatriados, se enfrentó a una emergencia única de miles de personas que llegaban hora tras hora en busca de apoyo e hizo lo que experiencias similares enseñaron. 

Pero, tal vez por falta de perspectiva política, no se tuvo en cuenta que no habría más flujo de colombianos, y por ello no se puso límite a la existencia de los albergues.

Y muchos recién llegados interpretaron el silencio como una invitación a quedarse de manera indefinida, acostumbrados como están a ver en Venezuela a un estado que casi todo lo subsidia, que casi todo lo da sin esperar nada a cambio y sin responsabilizar a ningún ciudadano beneficiado del desastre económico en el que está sumido el vecino país.

Pero este es otro Estado, organizado en el que los gastos están medidos, y el dinero destinado para sostener los albergues se acabó, según dijo el responsable del PMU, Carlos Iván Márquez, y todo acabará en unos 15 días. Unos, porque no se sabe con exactitud el día en que los beneficiados tendrán que irse en busca de su futuro.

Será un futuro incierto para muchos de los que aún reciben apoyo básico del Estado, porque no se preocuparon en capacitarse nada en el Sena ni en aceptar un trabajo ni en buscar a dónde ir, confiados, quizás, en que el albergue sería su lugar definitivo...

Cuando su esperanza se frustró, comenzaron un rosario de exigencias para que, en vez de 250 mil pesos mensuales durante tres meses para subsidiarles la vivienda, el Estado les dé 600 mil durante un año o un lote para construir. Incluso, algunos amenazaron con salir a invadir terrenos.

Pero, ¿por qué en Colombia muchos de ellos no trabajan en lo mismo que hacían en Venezuela? ¿Tal vez sea porque el bachaqueo está casi paralizado por razón del cierre fronterizo? En Caldas aún esperan por ellos para coger café, pero no les interesa… Desde luego, no son todos.

Pero la gran mayoría considera que el Estado es una casa de beneficencia que les debe satisfacer necesidades que ningún Estado atiende sin exigir a cambio al menos un trabajo básico.

Quizás si el Estado les diera en la medida en que, por ejemplo, han pagado impuestos por las mercancías que traen y llevan a través de la frontera habría más posibilidades de que sus exigencias se revistieran de justicia. Pero, ¿por qué se les debe dar lo que a otros millones de colombianos no? ¿Solo porque se fueron a aventurar a un país que los sacó porque además de no trabajar, estaban en situación irregular?

Pues que recuerden que en Colombia hay millones de personas con las mismas o más serias necesidades que ellos, y a ellas el Estado no les ha entregado lo que en Cúcuta a los repatriados.

El refugio se acabó. Llegó la hora de ir a los lugares de origen, a terminar el periplo que comenzaron cuando cruzaron la frontera. Acá no se pueden quedar: tenemos serios problemas con los cucuteños, como para agregarnos más.