El despeje del  espacio público debe corresponder a una política integral de ordenamiento de la ciudad. Y no es solamente el caso de Cúcuta. Así tiene que entenderse también en todas las grandes o medianas urbes, tomando en cuenta el funcionamiento armónico de las diferentes actividades, dentro del engranaje productivo y económico, como sustento indispensable en la vida de la población.  

Claro está que se dan diferencias en los distintos conglomerados.

Mantener despejado el espacio público no es un dogma inamovible. 

Es una necesidad que tiene relación con  la seguridad y debe manejarse como una dinámica de variables, tomando en cuenta el derecho de las personas al trabajo, lo cual no se opone a las condiciones de orden y de preservación de la funcionalidad de las vías con respecto al tránsito peatonal sin estorbos.

El problema de la ocupación  del espacio público  por parte de personas que alegan su derecho al trabajo debe resolverse en forma racional, sin caer en choques innecesarios. 

Los actores de la ocupación tienen que acceder al examen de las opciones que la Administración les ofrece tendientes a una reubicación que les permita mantener su actividad laboral para generar ingresos adecuados a su sostenimiento vital.

Sin duda, la oferta de locales comerciales para los vendedores informales no puede rechazarse caprichosamente. 

No se justifica defender privilegios que causan perturbaciones cuando se están ofreciendo opciones viables de trabajo. 

Hay que tomarlas en cuenta, dado que son una contribución al mejoramiento del orden de la ciudad y por  lo tanto obran como garantía de seguridad en beneficio de todos.

El enredo del espacio público en Cúcuta no es nuevo. Ese ha sido un mal permitido, por las concesiones que impone la politiquería y además por la falta de claridad en la aplicación de salidas coherentes.  

Al ritmo de esas debilidades se han arraigado intereses que dejan vicios contarios a un desarrollo que ofrezca mejores resultados laborales. 

Y esto debe corregirse sin acudir a acciones represivas, pero sí haciendo esfuerzos convincentes sobre las conveniencias que genera un mejor ordenamiento urbano.

La suma de acciones de la Alcaldía, el Concejo, las organizaciones representativas de los vendedores informales y de otros  sectores  debe llevar a la asimilación y cumplimiento de un plan que progresivamente libere de cargas perturbadoras el espacio público y le cree condiciones de mejor funcionalidad a una ciudad que requiere mostrar a sus habitantes y a los que la visiten un orden que sea expresión de seguridad y de convivencia social.

No hay que enredarse en minucias. Se debe trabajar con adecuada visión para darle a Cúcuta la fortaleza que le corresponde tener.

El espacio público debe ser un patrimonio colectivo, como parte de la identidad de la ciudad.