Ya no es año tras año, como antes se hacía referencia a la frecuencia con que surgían los escándalos de corrupción. Ni siquiera se puede hablar de meses. Hoy, el margen es, si acaso, de horas entre uno y otro episodio corrupto.

Es, la de Colombia, una situación de hecatombe, la generada por el muy poderoso y abominable ejército de corruptos que, de un tiempo a esta parte han entrado a saco en las oficinas públicas para, con la impunidad que genera el poder político, llevarse lo que hallen a su paso.

Ya no son el desafortunado desfalco del tesorero o el peculado de menor cuantía del alcalde de cualquier pueblo perdido: hoy, cada robo de dineros públicos se calcula en miles de millones de pesos, cuando no en billones. En muchos billones.

Según el Fondo Monetario Internacional (Fmi), el costo de lo que denomina ‘malas prácticas’ —robos, son en realidad— es de cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 40 billones de pesos cada año. 

Cada robo descubierto es un escándalo, con nombres fácilmente relacionables con las dependencias afectadas, que forman una lista interminable. En los últimos 10 años, para no ir lejos, en esa sarta de ignominias figuran, entre muchos otros, el cartel de la hemofilia, el de los enfermos mentales, Odebrecht, el Pae, el esquema de seguridad del exprocurador Ordóñez, Reficar, el cartel de las libranzas, los Papeles de Panamá, Electricaribe, Interbolsa, Invercolsa, el Banco Agrario, SaludCoop, Coomeva, Transmilenio, Agro Ingreso Seguro, el carrusel de la contratación…

Que los organismos de control han actuado por fin, no cabe duda. Antes no lo hacían. 

Pero su acción, que termina llevando a la cárcel a altos funcionarios del Estado y a ejecutivos del sector privado compinchados para robar al Estado, queda ahí. Y es ahí, donde no debe quedar. Todos los procesos deberían terminar donde en verdad los delincuentes de cuello blanco temen que los toquen: en el dinero que se robaron.

Porque siempre queda un sabor agridulce cuando la Fiscalía logra que la Justicie les aplique la ley a los corruptos, enviándolos a la cárcel, de la que salen a los pocos años, casi siempre muy pocos, a disfrutar del dinero robado, que lograron mantener escondido con ayuda de cómplices, amigos y testaferros.

El Estado debe idear alguna manera eficaz de recuperar lo que es de todos, porque solo así se golpea, de verdad, al corrupto, que delinque, precisamente, por el ansia de dinero, por la codicia que permanece latente en la conciencia del ser humano.

De continuar como hasta ahora, las sentencias y los carcelazos, aunque sean por un tiempo largo, se convierten en meros saludos a la bandera, inocuos, ineficaces, inútiles…

Hay que ir por el dinero, y demostrarles así a los delincuentes y a los aspirantes a sucederlos, que en Colombia, cuando se trata de los bienes del Estados, las cosas cambiaron y que ahora, al contrario de lo que se dice, ‘esa platica no se perdió’.

Los corruptos no delinquen para hacer nombre, sino para hacer dinero. Eso, que no lo olviden los encargados de hacer las leyes y de reglamentar las sanciones. Así que lo mejor que se puede hacer es desocuparles legalmente las cuentas bancarias…