De 72 horas de cierre inicial ya pasamos las 35.040 horas con los pasos fronterizos cerrados por orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un hecho que causó repudio internacional por la expulsión en ese entonces de 1.536 colombianos y la instalación de alambradas con púas a manera de muro infranqueable por los puentes internacionales.

El detonante de la determinación que se creyó temporal, pero que hoy completa cuatro años y un día, fue el ataque por parte de presuntos paramilitares y contrabandistas a una patrulla militar en el barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira. Por la deportación masiva de colombianos, Maduro fue denunciado por la comisión de delitos de lesa humanidad, ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional.

Desde el incidente de la corbeta Caldas, que el 9 de agosto de 1987 (hace ya 32 años) en aguas del Golfo de Venezuela o de Coquibacoa, por cuestiones del diferendo limítrofe, esta ha sido la peor crisis en toda la historia de las relaciones colombo-venezolanas, que hoy se encuentran rotas, en medio de una también nunca antes vista oleada de inmigrantes que huyen del vecino país petrolero, al venirse abajo la economía y, por ende, toda la estructura productiva.

Norte de Santander registra ya  185.433 inmigrantes venezolanos de acuerdo con la última medición entregada por Migración Colombia, de los cuales Cúcuta ha recibido 111.023. Para medir la magnitud de lo que está pasando podemos decir que la capital del departamento recibió el equivalente a otra Ocaña (que según el censo del DANE tiene 111.643 habitantes) y que en el resto de la región se encuentran 74.410 ciudadanos del vecino país, es decir, casi que otro Los Patios  (81.411).

Esto corresponde a hablar de una multiplicación de las exigencias en la garantía y prestación de los servicios básicos a esa nueva población que buscó como refugio al departamento al no encontrar en territorio venezolano las mínimas garantías para poder vivir dignamente. Una cifra que muestra la magnitud de esa carga la entregó recientemente el gerente del hospital Erasmo Meoz, Juan Agustín Ramírez, este centro asistencial ha recibido al 25% del total de la población migrante venezolana que ha entrado a Colombia. 

El intercambio binacional, igualmente, muestra datos raquíticos después de haber alcanzado un pico de 7.269 millones de dólares para pasar a 383 millones de dólares o menos, lo cual puede verse en la precisión de Colfecar en el freno de las operaciones de carga con ese país que pasaron de 228.700 vehículos en 2008 a apenas 3.015 el año pasado, para una caída del 99 %.

Lógicamente que una parte del comercio local se ha visto favorecido porque los venezolanos que siguen viviendo en su país, tomaron a Cúcuta y el área metropolitana como despensa para abastecerse de todo aquello que al otro lado del río Táchira no consiguen, disparándose, por ejemplo, la demanda de harina y papel higiénico en hasta el 600 %.

En medio de ese panorama hay que decir que es lamentable la fractura de esta relación entre hermanos. Aquí no cabe ser Caín o Abel. Los pueblos son superiores a sus gobernantes y en el ejercicio de la soberanía popular lo indicado es trabajar porque una relación de siempre y para siempre, no puede ser rota, destruida o enrarecida por una pelea de ahora. 

Colombianos y venezolanos tenemos la obligación de  hacer realidad esta famosa frase del Libertador Simón Bolívar: “La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino”.