En los últimos 30 años, los gobiernos sucesivos de Colombia han sido conscientes de la necesidad de eliminar los trámites y requisitos para hacer cualquier gestión ante las entidades públicas del país de todos los niveles, ya sean del orden nacional como de los entes territoriales. Y lo han sido en buena medida pensando en el ciudadano de a pie, en el que no tiene influencias ni palancas, ni mucho menos dinero para repartir a manos llenas. 

Trámites engorrosos que se convierten prácticamente en talanqueras y obstáculos difíciles y hasta imposibles de superar. Por tantas vueltas y revueltas, el Estado y todas sus agencias se volvieron  paquidérmicas en forma irremediable y focos permanentes de corrupción.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos y de muchos funcionarios, de la expedición de estatutos, decretos y leyes, la tramitomanía se convirtió y sigue siendo el enemigo público número uno de los colombianos. Por su culpa se han cometido y se siguen cometiendo muchos abusos, atropellos e injusticias. 

Todos la hemos sufrido: los pobres ancianos mostrando “el certificado de supervivencia” expedido por un burócrata de tercera o cuarta categoría para que pudieran pagarle su mesada, los educadores, los expolicías, los taxistas, las amas de casa, las empleadas del servicio doméstico, y muchísimos profesionales y desempleados, a los que se obliga a perder tiempo y dinero en la consecución de un papel, una firma o un sello para poderle extender un paz y salvo. 

Con la tutela de la Constitución del 91 y con trascendentales fallos de la Corte Constitucional se lograron importantes avances en la lucha contra la tramitomanía. Pero aún falta mucho más y es, precisamente, lo que acaba de hacer el gobierno del presidente Iván Duque con la promulgación de las últimas normas sobre el particular. 

En lo que respecta a la salud – quizá el derecho fundamental más vulnerado a los colombianos – el nuevo decreto antitrámites busca facilitar al menos 25 procesos, siendo el más importante acabar con la obligación del carné de la EPS para ser atendido y acceder a los servicios clínicos u hospitalarios. En  adelante, pues, no será necesario el carné de afiliación de la EPS. También se da vía libre a la historia clínica electrónica, con lo que los usuarios se ahorrarán mucho tiempo y molestias.

Según las nuevas normas, el trámite para las solicitudes de cesantías y pensiones será el mismo para todos los colombianos, sin importar si están afiliados al régimen público o al privado.

También se elimina la expedición física y el cobro de cualquier constancia, paz y salvo, certificado o carné que emita el Estado para los ciudadanos. Otra decisión fundamental es la que abre la posibilidad de que en el futuro inmediato los trámites notariales, como la expedición de escrituras, se puedan realizar totalmente en línea, siempre y cuando los protagonistas tengan previamente su firma electrónica.

La nueva normativa antitrámites elimina el certificado de escolaridad para recibir los auxilios de las cajas de compensación y las pensiones de sobrevivientes. Establece que en 12 meses, el Ministerio de Educación deberá haber habilitado un sistema que les permita a las cajas de compensación y a las administradoras de pensiones cotejar las solicitudes de auxilios con los registros de escolares y universitarios matriculados en instituciones educativas del país.

El objetivo del Gobierno es simplificar o agilizar unas 3.000 gestiones o vueltas que a la empresa privada y a los ciudadanos del común nos toca hacer con resignación y  muchas veces de mala gana por los perjuicios y molestias que nos causan. Es de desear que las nuevas normas se cumplan y no se conviertan en letra muerta como ha pasado en otras ocasiones, lo cual sucede con frecuencia en Colombia.